La organización delictiva conocida como Cártel de Santa Rosa de Lima tenía relaciones comerciales con empresas de Querétaro, a las que ofrecía servicios de autotransporte, informó el titular de la Unidad de Intelifencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
Dijo que integrantes para realizar "lavado de dinero", el grupo criminal formó dos empresas de autotransporte, a las que les fueron congeladas cuentas bancarias por 39 millones de pesos.
Santiago Nieto añadió que ya se informó a los clientes queretanos del origen de estas compañías y aclaró que no son consideradas parte de estas actividades ilícitas.
“No tenemos ningún elemento que acredite la responsabilidad de empresarios en Querétaro; no había forma directa de que tuvieran conocimiento y por eso no son sujeto de ninguna investigación”, manifestó.
Las empresas de autotransporte eran atractivas a los clientes en Querétaro porque ofrecían sus servicios a muy bajo costo debido a que se ahorraban el combustible, pues éste era sustraído de los ductos de Pemex.
Dijo que es necesario plantear reformas de extinción de dominio para que los recursos que son congelados por actividades como la mencionada puedan ser trasladados al Estado mexicano para ser usados en programas sociales.
Hasta ahora hay 66 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han generado 58 acuerdos de bloqueo que ha significado más de nueve mil millones de pesos vinculados con casos de presunta corrupción o lavado de dinero en delitos que van desde tráfico de personas y de armas, hasta de órganos y migrantes.
Expuso que las prioridades de la Unidad Inteligencia Financiera son detectar casos de posible defraudación fiscal y lavado de dinero vinculados con el robo de hidrocarburo en estados como Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, el combate financiero a los grupos delincuenciales con el congelamiento de sus cuentas bancarias, y el combate a la corrupción y la trata de personas.
IRREGULARIDADES EN CASO ANAYA
Santiago Nieto mencionó que observó irregularidades en la investigación de la PGR en contra del excandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, en un presunto caso de lavado de dinero.
En su participación en una conferencia en la Legislatura del Estado expresó que al grabar en la PGR a Ricardo Anaya con su abogado y que se filtrara la información, se habría cometido el delito de intervenciones de comunicaciones.
También consideró que se cometió una irregularidad al determinar no ejercer acción penal unos días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto
“Es una doble irregularidad en un solo proceso en donde ya se resolvió que no hay lavado de dinero, de un caso que sigue generando polémica y dudas”, afirmó.
Estas irregularidades, señaló, recaerían en el entonces encargado de despacho de la PGR y las debieron revisar los órganos internos de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, consideró que se debe analizar el tema para determinar si hubo o no delito en las operaciones del excandidato.
