Tras casi cuatro meses, el juicio del «procés» entra esta semana en su recta final con el turno de las acusaciones, que expondrán ante la sala sus informes con los que justificarán por qué los acusados deberían ser condenados, en el caso de la Fiscalía por rebelión, y de la Abogacía por sedición.
La del próximo martes será una jornada protagonizada por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox -que ejerce de acusación popular-, a quienes el tribunal dará la palabra para que se explayen en sus tesis acusatorias.
Lo harán después de que la semana pasada elevasen a definitivas sus conclusiones sin modificar un ápice las condenas de prisión que solicitan para los doce acusados, con el exvicepresident Oriol Junqueras a la cabeza.
La Fiscalía decidió seguir adelante con la rebelión, con peticiones de hasta los 25 años de cárcel; la Abogacía hizo lo mismo con la sedición, que en su caso solicita una condena máxima de 12 años, mientras que Vox tan solo modificó su petición para Santi Vila, a quien acusa finalmente de desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.
Más allá del mero anuncio, ahora deberán relatar al tribunal su versión sobre el papel que ostentaron los encausados en los hechos que culminaron en el referéndum, declarado ilegal, y en la declaración unilateral de independencia (DUI), a la que todos los acusados han restado valor al tacharla de «simbólica».
La Fiscalía lo hará centrándose en la idea de rebelión, el delito que imputa a nueve procesados, y en la violencia que, según su tesis, éstos asumieron y promovieron desde las altas instancias del Govern, el Parlament, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
Durante la mañana, los cuatro fiscales del Supremo (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena) justificarán que existió una estrategia «perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional», que los acusados «dirigieron, promovieron y/o participaron activamente». Es decir, un «levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia».
Previsiblemente harán hincapié en los añadidos que han incorporado a su informe, especialmente en la versión de la Prefectura de Mossos sobre reuniones con el Govern previas al 1-O en las que les pidieron desconvocar el referéndum ante posibles «situaciones violentas», a lo que Carles Puigdemont hizo caso omiso y dijo que iría adelante con la DUI.
Pero la Fiscalía, que no ha renunciado a la tesis del brazo armado de los Mossos, también incidirá en su pasividad, con un dispositivo «ineficaz» y también «determinante» para que se celebrase el 1-O, y quienes se sujetaron a «las directrices» del Govern, poniendo a su disposición «todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso en efectivos».
Menos grave es la acusación de la Abogacía, dependiente del Gobierno, que ve sedición, es decir, un alzamiento público y tumultario «para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes».
Un «plan orquestado» que pasaba por «un enfrentamiento» desde las «instituciones y fuerzas contra la legalidad constitucional y estatutaria», impidiendo el cumplimiento de las advertencias de los órganos judiciales «y organizando movilizaciones sociales para presionar al Estado».
Lo que ambas acusaciones comparten es el gasto de dinero público para financiar el «procés» y que previsiblemente fundamentarán en la versión de varias altas funcionarias de Hacienda que aseguraron que si la prestación de servicios conllevó un compromiso de pago, hubo un perjuicio para las arcas públicas, se hubiesen pagado o no.
Cerrará la jornada Vox, acostumbrado a ir a rebufo de las otras acusaciones, quien eleva las penas a 74 años de cárcel.
