El pasado 6 de marzo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguraba en Pamplona que «si en la próxima legislatura se consolida una alianza entre la izquierda y el independentismo separatista, en los siguientes cuatro años España puede dejar de ser España y Navarra puede dejar de ser Navarra».
Tres meses después, Pedro Sánchez puede ser investido presidente con los votos de Unidas Podemos, la izquierda, y los independentistas vascos y catalanes. También en Navarra existe el mismo temor. Esta semana, la candidata socialista a la presidencia del gobierno foral, María Chivite, comenzará los contactos para formar un ejecutivo en el que participe el nacionalismo de Geroa Bai, que tiene nueve escaños, y lo tape la sombra del independentismo radical de EH Bildu, cuyos siete escaños en forma de abstención o de voto favorable son imprescindibles para que Chivite sea presidenta. Entre las dos formaciones nacionalistas suman dieciséis escaños, muy por encima de los once de los socialistas. Por lo tanto, el nacionalismo se impondría con claridad en un gobierno casi pentapartito.
Uno de los temores es que esa preminencia nacionalista instale las bases para anexionar Navarra al País Vasco a través de la activación de la Disposición Transitoria Cuarta, una norma constitucional específica para Navarra.
A diferencia de lo que los navarros consideran de los fueros, la Disposición Transitoria Cuarta sí que es un privilegio de la Comunidad Foral, porque es la única región española que tiene la facultad de dejar de ser lo que es y anexionarse a otro territorio. La polémica viene porque dicho privilegio no le proporciona libre albedrío, sino que le habilita única y exclusivamente para decidir si quiere anexionarse al País Vasco, a ninguna otra región, aunque comparta fronteras también con Aragón y con La Rioja.
Por eso, los partidos constitucionalistas prometen campaña tras campaña electoral la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta en caso de reforma constitucional.
Para el presidente de UPN, Javier Esparza, «hay que acabar de una vez con las concesiones que en su día se dieron al mundo nacionalista vasco a costa de Navarra». Esta es la postura que los regionalistas llevan manteniendo desde hace más de cuarenta años. De hecho, Alianza Foral, embrión de los regionalistas pidieron el no a la Constitución en el referéndum que la aprobó el 6 de diciembre de 1978.
La misma postura mantiene la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán. Para la popular, «lo más urgente e importante si se reforma la Carta Magna es derogar la Disposición Transitoria Cuarta. Y lo justifica en que «muy útil y necesaria en la Transición, para evitar precisamente que Euskadi fagocitara a Navarra, en un momento en el que, en plena creación de la España de las autonomías, estas estaban aún por definir, y había que proteger los derechos históricos de Navarra como comunidad foral diferenciada dentro de España». En su opinión, a día de hoy, esta Disposición supone «una amenaza que pende sobre los navarros ya que permite la anexión de Navarra al País Vasco mediante referéndum».
De hecho, el nacionalismo vasco es el gran defensor de la existencia de la Disposición Transitoria Cuarta. La todavía portavoz del Ejecutivo de Uxue Barkos en funciones, María Solana, perteneciente a Geroa Bai, aseguró: «El Gobierno de Navarra sí entiende que la Transitoria Cuarta tiene su razón de ser, tiene su valor y tiene que permanecer porque es una garantía para que la voz de la ciudadanía navarra sea escuchada y tenida en cuenta como merece».
Para la que fue candidata de EH Bildu al Congreso de los Diputados, Bel Pozueta, la Disposición Transitoria Cuarta «no es una prioridad». Ellos prefieren términos maximalistas, como la derogación del artículo constitucional que establece la indivisibilidad del territorio español. Y a partir de ahí que «se reconozca el derecho de decidir a aquellas comunidades históricas que lo han reivindicado». Y la Disposición Transitoria Cuarta es lo más parecido a ese «derecho a decidir» que no deja de ser una perífrasis del «derecho de autodeterminación» si sale de la boca de Bildu.
Conocidas las posturas de constitucionalistas por un lado y de nacionalistas e independentistas por otro, queda por repasar la postura de los socialistas. Y, como en otras ocasiones, los socialistas se han mantenido al margen. De hecho, ya se abstuvieron en el único intento de activación de la Transitoria Cuarta que ha habido en la historia, que se produjo en el año 1979 mediante una moción en el Parlamento de Navarra.
La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya afirmaba en 2014 que «eso de derogar la Disposición Transitoria Cuarta creo que no está en la cabeza de ningún navarro en estos momentos, porque no es su preocupación». Pero, al mismo tiempo, consideraba: «Cuando estamos abogando por que los ciudadanos se empoderen y tengan capacidad de decisión, quitarles esa capacidad también tiene su polémica».
Estas palabras de Chivite adquieren una especial relevancia cuando pretende postularse para presidir el Gobierno de Navarra con el respaldo de nacionalistas y, en la sombra, de los independentistas.
¿Pero qué dice la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española? Para valorar la postura de los partidos políticos respecto a dicha Disposición, convendría saber qué dice el texto constitucional.
La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución afirma que «en el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos».
Es decir, distingue a Navarra del resto de provincias españolas cuya constitución en comunidades autónomas está regulado por el artículo 143 y crea una Disposición específica para la Comunidad Foral a la que no tienen acceso el resto de regiones y únicamente para su posible incorporación al País Vasco, para ninguna otra provincia vecina.
