El desarrollo del juicio contra el «procés» ha llevado a la Fiscalía a dar por corroborada sus tesis y a mantener la acusación por rebelión contra los principales líderes del plan secesionista ilegal. Según ha podido saber ABC, el Ministerio Público no prevé moverse de la esencia de su escrito de acusación, en el que solicitaba 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, y 17 años para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, contra todos ellos como dirigentes de la rebelión.
Según la Fiscalía, la violencia que tuvo lugar por el plan secesionista ilegal fue suficiente para obligar al Estado a aplicar el artículo 155 de la Constitución, el precepto legal que permite suspender una autonomía ante un grave atentado contra el interés general de España. La actuación de los líderes secesionistas, que empujaron hacia la independencia por las vías ilegales, incluyó la tramitación de una arquitectura normativa ilegal, la celebración de un referéndum ilegal, y la declaración unilateral de independencia, elevando la tensión política en España.
Los cuatro fiscales del caso aprecian que el «procés» fue una rebelión con violencia en un triple plano: hubo violencia física, hubo intimidación y hubo «colosales» vías de hecho, como la actuación del parlamento autonómico, que se transformó de forma ilegal en un parlamento soberano, así como múltiples sediciones aisladas que generaron un ambiente de insurrección. En su escrito de acusación, la Fiscalía calificó el «procés» como un levantamiento «salpicado de fuerza y violencia».
La celebración de la vista oral, que comenzó el pasado 12 de febrero y que previsiblemente quedará visto para sentencia la segunda semana del mes de junio, ha permitido para la Fiscalía precisar el relato de lo que sucedió en Cataluña en el otoño caliente de 2017 y apuntalar la acusación con los resultados de alguna prueba no incluidos en el escrito de acusación, una redacción por tanto más «afinada».
El Ministerio Público considera decisiva, por ejemplo, la declaración del jefe de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, quien reconoció que algunos militantes atacaron a los policías autonómicos el 20 de septiembre al confundirles con guardias civiles, y quien admitió que no pudieron entrar en la Consejería de Economía porque se lo impidió la cantidad de gente allí concentrada. «Ni con el séptimo de caballería habríamos podido llegar», dijo. También retrató el rol en aquella jornada de Sànchez. «Largaos de aquí, esto que estáis haciendo no es lo que hemos acordado», le llegó a espetar el presidente de la ANC.
Para la acusación pública, la participación de los antiguos gobernantes catalanes en el plan rebelde ha quedado reforzada tras la declaración de numerosos testigos que votaron en el referéndum ilegal, quienes confesaron en el juicio que acudieron a los colegios con la tranquilidad de que no hacían nada malo si todo partía del Govern. También consideran fundamental que los dirigentes de los Mossos (encabezados por Josep Lluís Trapero) advirtieran a los políticos secesionistas de que habría enfrentamientos si continuaban adelante con el referéndum ilegal.
Los cuatro fiscales tienen previsto repartirse la intervención en el informe final prevista para el próximo lunes, el trámite en el que deben expresar en voz alta estas conclusiones definitivas y convencer a los magistrados de sus tesis.
