Desde el año 2017, la legislación relativa al maltrato a los adultos mayores tomó mayor fuerza en nuestro país (Ley 1850, del 19 de Julio de 2017). Sin embargo, queda evidenciado que este grupo social es vulnerado en sus derechos, no sólo en cuestiones domésticas -el abandono o ausencia de cuidados, por parte de las familias-, sino que ante todo por parte del Estado. De acuerdo al punto 9° de la Convención Interamericana de Protección a las Personas Mayores, suscrita por Chile, el Estado tiene el deber de asegurar el bienestar físico, económico y social de los adultos mayores. En términos prácticos, nuestra sociedad no cumple dichos requisitos. El sistema previsional chileno no asegura un bienestar mínimo para los adultos mayores.
La Pensión Básica Solidaria que ofrece el Estado a las personas más pobres que superan los 65 años ($107.304 actualmente) no alcanza a cubrir gastos necesarios, que deben ser utilizados por las personas mayores en el financiamiento de medicamentos, transporte y salud (llegando a gastar hasta el 100% de sus ingresos en este ítem.
En términos estructurales, desde la Constitución Política de Chile se establece que el Estado es de carácter subsidiario y que este debe atender a cubrir necesidades de los grupos menos favorecidos (Guardia, 2015). Este carácter asistencialista y compensatorio es insuficiente y pretende paliar mediante una política de subsidios y bonos la pobreza aún existente en el país. Pero pensar en reducir la pobreza extrema es más cómodo que pensar en la justicia social profunda y real. En ese sentido, las políticas públicas impulsadas tanto por la Concertación, Chile Vamos y la Nueva Mayoría no se proponen modificar la situación estructural del país volviéndola más justa, sino que más bien apuntan a paliar a los más desfavorecidos, volviéndolos menos visibles en las cifras macroestructurales.
Si consideramos que las prestaciones en salud escasean por su falta de oferta en los sectores más empobrecidos (Olavarría Gambí, 2005), junto con las bajas pensiones, se entenderá que como sociedad no aseguramos la certeza subjetiva y material mínima que nuestros adultos mayores necesitan. En ese sentido, investigaciones recientes (Varela, 2008) señalan que los adultos mayores poseen una mayor vulnerabilidad frente a, por ejemplo, las noticias relativas a la delincuencia. Es decir, producto de la ausencia de contraste con la realidad, este grupo etario tiende a creer con mayor intensidad aquello que los medios de comunicación publican y señalan respecto a la ocurrencia de delitos. Según la socióloga argentina Cecilia Varela, esto conduce a un mayor temor frente a los otros, que redunda en la desconfianza y el aislamiento. Si entendemos esta inseguridad, en conjunción con aquella que proviene de una ausencia de políticas sociales que brinden seguridad suficiente a nuestros adultos mayores, comprenderemos la fragilidad de su situación y la necesidad de un cambio en la materia. Por todo lo anterior, se hace urgente pensar en la vejez desde el reconocimiento de derechos, el empoderamiento y la responsabilidad social e intergeneracional.
Según el censo del 2017, la población de adultos mayores en Chile asciende a 2 millones 800 mil personas, equivalente al 16.2% del país. Las evidencias señalan que Chile es un país que está actualmente envejeciendo (An Aging World, 2015). Todo ello nos plantea el desafío como sociedad de estar a la altura y de proveer la seguridad social real que nuestros adultos mayores demandan y necesitan.
