La Fiscalía Anticorrupción en el segundo de los juicios del caso Cooperación ha rebajado de 16 a 3,5 años de prisión la petición de condena para el exconseller Rafael Blasco, tras alcanzar con él y otros procesados un acuerdo de conformidad que han rechazado las otras dos acusaciones personadas.
Según consta en un escrito del Ministerio Público, representado por Jesús Carrasco, se “atempera” así la “respuesta penal al esfuerzo reparador realizado en fechas recientes por los diferentes acusados para resarcir total o parcialmente a las arcas de la Comunidad Autónoma de los perjuicios ocasionados”.
En este proceso se enjuicia a 24 procesados por el desvío de cerca de 5 millones de euros que deberían haberse destinado a once proyectos de cooperación internacional entre 2009 y 2011, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto que asoló el país en 2010.
Según ha detallado el fiscal, además de admitir los delitos de malversación, prevaricación y falsedad, Blasco ha aportado dos bienes inmuebles tasados por su representante legal en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil.
Otros culpables
Para José María Felip, que ostentó el cargo de director general de Cooperación, la rebaja es de 7,5 a 1,5 años de prisión.
Respecto de Agustina Sanjuan, que desempeñaba el cargo de secretaria general administrativa de la Conselleria de Solidaritat, de 4 a 1,5 años.
Marc Antonio Llinares, que ostentó el cargo de jefe de área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat, se beneficiará de una rebaja de petición de condena de 16 a 3 años y tres meses tras el acuerdo con el fiscal.
Este acusado reconoce igualmente su participación en un delito de asociación ilícita, por el que asume la imposición de seis meses de prisión y otro de cohecho, por el que se solicitan nueve meses (ya contabilizados en el párrafo anterior), además de una multa de 10.000 euros.
El empresario Augusto César Tauroni, fundador de la Fundación Hemisferio, admite la comisión de la totalidad de los hechos por los que venía acusado, y se conforma con la imposición de las penas de 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 40.000 euros, aunque inicialmente la Fiscalía había reclamado para él una pena de 21,5 años.
