La Mesa del Congreso, reunida este mediodía, ha decidido retrasar la suspensión de los diputados en prisión preventiva por el 1-O. Por cinco votos a favor (PSOE y Unidas Podemos) y cuatro en contra (PP y Ciudadanos), el órgano de Gobierno ha solicitado un informe a los letrados de la Cámara para que evalúe los escritos presentados por los grupos parlamentarios.
Sin embargo, con el Reglamento del Congreso en la mano, la decisión que se debe tomar es clara. Según el artículo 21.1.2, «el Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».
La petición del suplicatorio no sería necesaria, según el tribunal que juzga el «procés» en el Supremo. La Sala entiende que ese permiso es necesario en la fase anterior del juicio oral para inculpar o procesar a un parlamentario, pero no es un motivo para suspender o parar un juicio ya comenzado contra un encausado que se convierte en diputado con la vista ya iniciada, como ya informó ABC.
Por su parte, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Ese artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo tanto, obligaría a suspender de cargo público a los procesados por rebelión en prisión preventiva.
