La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, impulsará en los próximos días la suspensión de los diputados independentistas en prisión preventiva, que este martes han tomado posesión de su acta. La presión sobre Batet para que decida con urgencia se ha hecho patente nada más estrenar su cargo como presidenta de la Cámara: Ciudadanos, Partido Popular y Vox han exigido una reacción urgente ante la presencia de los presos preventivos en sus escaños que había autorizado el Supremo.
El PSOE no quiere darse prisa y Batet ya ha anunciado que pedirá informes a los letrados del Congreso para dirimir qué hacer con Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. Los socialistas esperan llegar a las elecciones del domingo sin que la Mesa que controlan tome una decisión, mientras las tres derechas siguen presionando para que se fije posición antes de ese momento e incluyen el asunto en sus argumentarios de campaña.
La Fiscalía del Supremo ha redactado un escrito solicitando al Tribunal que comunique de manera inmediata a Congreso y Senado la suspensión de los cuatro diputados y el senador (Raül Romeva) en prisión. El escrito, cuyo contenido ha avanzado eldiario.es, no estará sobre la mesa del tribunal hasta este miércoles. Fuentes de la Fiscalía del Supremo explican que su intención es despejar cualquier duda sobre la decisión y "darle el trabajo hecho al Congreso de los Diputados". En su escrito, el ministerio público alude al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se indica la suspensión automática de cualquier cargo que esté procesado por un delito de rebelión.
Además del escrito de la Fiscalía, el registro del Congreso ha recibido los textos redactados por Partido Popular, Ciudadanos y Vox solicitando lo mismo: la suspensión inmediata de los diputados en prisión.
La Mesa del Congreso, cuya primera reunión está prevista para este miércoles, no responderá a ninguna de las peticiones hasta tener sobre la mesa un informe de los letrados del Congreso. Esos trámites de consultas dificultarán que se pueda tomar una decisión antes de las elecciones del domingo.
Mientras tanto, las principales formaciones en la derecha han dado a entender que la cuestión de los presos será el centro de sus discursos en los pocos días que quedan de campaña. Albert Rivera ha sido el mas duro con la postura del PSOE, a quien ha acusado de permitir que los diputados independentistas prometiesen sus cargos con referencias a la existencia de presos políticos y reclamando república, una fórmula que avaló el Constitucional en 1990 dando la razón a diputados de Herri Batasuna. Frente a los intentos de Rivera de interrumpir con sus quejas la constitución del Congreso, Meritxell Batet se ha mostrado firme asegurando que los métodos empleados para el acatamiento de la Constitución respetan la ley y la sentencia del Constitucional al respecto.
La Fiscal General del Estado, María José Segarra, tendrá que decidir si impulsa o frena el texto que ya han redactado sus subordinados en el Supremo. Por el momento, en la Fiscalía General del Estado también se está tomando la decisión con calma.
Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista aseguran que no hay necesidad de tomar la decisión con urgencia y se preguntan si "es imprescindible suspenderles mañana" y si esa urgencia responde a "un cálculo electoral" del resto de formaciones.
