Teresa Rodríguez, lideresa del comunismo andaluz en su rama caribeña y azote de Pablo Iglesias por su filiación anticapitalista, deberá indemnizar con 5.000 euros a la familia del abogado malagueño José Utrera Molina, fallecido en 2017, por llamarlo «asesino». Se excedió la doña en su escupitajo sobre un muerto reciente, lo que nunca es de buen gusto, porque relacionó al ofendido con el ajusticiamiento en 1974 de Salvador Puig Antich, asesino –éste sí: confeso y condenado con indubitables pruebas– de un policía. Estaba vigente entonces en España la pena de muerte y formaba Utrera parte del Gobierno como ministro de Vivienda y secretario general del Movimiento, de modo que media un trecho largo entre el desempeño de estas responsabilidades y su participación en el (menos que presunto) crimen. Los abogados de Rodríguez esgrimen que los miembros del gabinete podrían haber conmutado la sentencia capital o aplicado cualquier medida de gracia, pero no lo hicieron. Vale. ¿En qué, exactamente, los convierte eso? Un disgusto mayor y una cantidad astronómica le costaría, por ejemplo, a quien cometiese la imprudencia de tildar de «asesino» a Barack Obama, en cuyo último año en la Casa Blanca, 2016, fueron ejecutados veinte presos en Estados Unidos y todos se fueron al patio de los mudos aguardando el indulto presidencial que nunca llegó. Bueno, puede añadirse que todos estos reos ultimados, el cien por cien, eran hombres y que dieciséis de ellos eran blancos, frente a dos negros y otro par de latinos. También se podrían sacar conclusiones sobre qué lobbies influyeron sobre los ocho años de Administración del santo laico que patronea a las izquierdas del mundo, aunque ése sea otro debate. Lo que en absoluto podría admitirse sería su equiparación con los socios parlamentarios de Podemos.
