La Junta y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han firmado el acuerdo para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas que entrará en vigor a partir del 1 de junio, por el que se retoman los derechos de los empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019.
El acuerdo firmado el 25 de julio de 2017 contemplaba que «cuando la Administración General del Estado permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de 35 horas, la Junta trasladará esta medida de manera inmediata».
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que sólo podrán volver a la jornada de 35 horas las administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. La notificación oficial de que el Gobierno de Castilla y León ha cumplido los tres objetivos se ha producido hace unos días, por lo que las partes suscribieron la vuelta ala situación previa a la entrada en vigor de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
La implantación de la jornada de las 35 horas para los 85.000 empleados públicos requiere de modificaciones normativas y la adaptación de los calendarios laborales, lo que puede demorarse unos meses. Para hacer posible la efectividad de las 35 horas desde el 1 de junio, se aplicarán transitoriamente los acuerdos adoptados en materia de jornada, manteniendo la flexibilidad horaria anterior a estos acuerdos. Los acuerdos suscritos se mejoran con el presente acuerdo de manera que los días de compensación de 2019 se disfruten en su totalidad antes del 31 de marzo de 2020. Para que los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan disfrutar de la jornada previa a la aprobación de la Ley 1/2012, se realizarán las actuaciones que implanten la aplicación de la jornada laboral de 35 horas en las partes lectivas, complementarias y de libre disposición el 1 de septiembre de 2019.
El sindicato Stecyl, tras conocer este acuerdo, ha reclamado a la Junta que «deje de vender humo» con este anuncio, que ha puesto en duda ya que «carece de virtualidad», al ser «un ruego» para que hagan los cambios legales que permitan ese nuevo horario. Además han denunciado que «una vez más el profesorado de las enseñanzas públicas no universitarias queda relegado de estos compromisos».
«El profesorado tendrá que esperar al 1 de septiembre, una vez comenzado el curso y fijado los horarios, a que se realicen las actuaciones que implanten la aplicación de la jornada laboral de 35 horas. Es decir, que no verá aplicada este horario hasta el siguiente curso», según señalan en un comunicado, por lo que exigen a la Consejería de Educación a negociar los horarios a partir de septiembre.
