La diputada por el PRI, Adela Pérez Espinoza, presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa que reforma el Código Penal y el de Procedimientos Familiares del estado para sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones de manutención a sus hijos.
Pérez Espinoza explicó en tribuna que “esta iniciativa establece que el incumplimiento en el que incurre el deudor alimenticio puede ser total o parcial, creando de esta manera la homogeneidad del grado de incumplimiento cometido en agravio de los hijos”.
Explicó que “se propone la reforma del Artículo 454 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo con la finalidad de otorgarles la misma calidad de “hijos” a los procreados con él o la cónyuge o con persona distinta, evitando así la prioridad entre hijos del deudor.
Adela Pérez informó que, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, en el periodo 2018 – 2019, en Hidalgo se iniciaron 714 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se judicializaron 75 y se vincularon a proceso a 36 imputados.
En lo que va del año 2019, señaló, “en Hidalgo se han iniciado 174 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se han judicializado 12 y se han vinculado a proceso a seis imputados.
En la región huasteca, enfatizó, “en 2018 se iniciaron 65 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuáles se judicializaron ocho y se vincularon a proceso a seis imputados.
“De un total de 888 carpetas de investigación, iniciadas en el periodo 2018 – 2019, se han vinculado a proceso únicamente a 42imputados, lo que representa tan solo el 4.7%”, señaló Pérez Espinoza.
Adela Pérez manifestó en tribuna que “esto atenta directamente sobre los intereses de nuestras niñas, niños y adolescentes con derechos a recibir alimentos, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad”.
Por lo expuesto, destacó la diputada del PRI, “al que incumpla de forma parcial o total con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá prisión de tres a cinco años y multa de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los derechos de familia en relación con el ofendido”.
