Este martes inició lo que podría ser la peor temporada de la vida política de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández. Y es que la Justicia de ese país determinará en juicio si tanto ella como su fallecido esposo, Néstor Kirchner, lideraron de una “asociación delictiva” destinada a apoderarse “de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
“Esta asociación delictiva funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados”, dice la asuación federal leída hoy en un tribunal especial de Buenos Aires.
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Fernández, actual senadora, está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por el expreso direccionamiento de la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares) en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.
En la lectura de cargos, se remarcó que en la causa se investiga la presunta “división de roles definidos y estratégicos” dentro y fuera de la estructura del Estado y sostenido “ininterrumpidamente” a lo largo más de 12 años, destinada a cometer “múltiples delitos” con el fin primero de “sustraer y luego apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
“La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández”, se leyó.
Y como “organizadores” al exministro de Planificación Federal Julio Miguel de Vido; el exsecretario de Obras Publicas José López -que no estuvo en el juicio por ser imputado colaborador de la Justicia en otra causa- y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Publica Carlos Santiago Kirchner -primo de Nestor-.
Los magistrados a cargo del juicio que se sigue contra Fernández son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Palliotti. Entre las entidades acusatorias se encuentran el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera como partes acusadoras. EFE
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