Las fórmulas empleadas este martes por los diputados de la recién estrenada XIII Legislatura para acatar la Constitución, requisito para acceder a la condición plena de parlamentario nacional, pueden ser más o menos imaginativas, coloridas o pintorescas —o incluso ofensivas para algunos—, pero desde el punto de vista constitucional son perfectamente válidas. El Tribunal Constitucional estableció en 1990 que prohibir a los parlamentarios añadir coletillas al juramento o promesa supone “anteponer un formalismo rígido” que “violenta” el derecho fundamental de participación política que la misma Constitución protege. Eso sí, para que estos añadidos sean admisibles no pueden “condicionar ni limitar” el acatamiento de la Ley Fundamental de 1978, que debe ser inequívoco.
