Los diputados de Vox han dado golpes desde sus escaños, algunos de PP y Ciudadanos les han seguido. Albert Rivera, tras hacer aspavientos, ha tratado de interrumpir la sesión sin éxito y se ha resignado a pedir la palabra cuando todos los parlamentarios habían acatado la Constitución en la primera sesión del Congreso. Lo ha hecho para protestar por la fórmula empleada por los diputados de ERC y Junts per Catalunya y acusarles del "insultar el decoro" de la Cámara.
Rivera se quejaba, en concreto, de las alusiones a los "presos políticos" empleadas por los diputados independentistas, entre los que estaban alguno de esos presos. Oriol Junqueras, por ejemplo, ha usado esa fórmula entre los golpes en la mesa y abucheos de los diputados de la derecha: "Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo".
Meritxell Batet, que se estrenaba en el cargo de presidenta del Congreso, se ha mostrado tajante. "Señor Rivera, todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", le ha dicho al líder de Ciudadanos mientras este negaba con la cabeza.
Batet le ha dado incluso la referencia de la sentencia concreta: la 119/1990. Ese fallo dictado hace tres décadas consideró que la necesidad del juramento público de la Constitución era "una supervivencia de otros momentos culturales" donde se daba mucha importancia a los "compromisos sobrenaturales". Los magistrados criticaron a quienes querían imponer la rigidez a una fórmula que únicamente pretendía expresar una posición política válida y refrendada por los votantes.
Esa sentencia de la que ha echado mano la nueva presidenta del Congreso fue la consecuencia de otra sesión de investidura tensa, la de Felipe González el 4 de diciembre de 1989. Los diputados electos de Herri Batasuna Jon Idígoras, Itziar Aizpurúa y Ángel Alcalde juraron su cargo "por imperativo legal", a lo que el presidente de la cámara, Félix Pons, respondió anunciándoles que esa fórmula no era válida: les comunicó que no habían adquirido la condición de diputados y les invitó a abandonar el hemiciclo.
Pons intentó que los diputados acataran la Constitución por la fórmula tradicional en tres ocasiones más, sin éxito. Concluyó entonces que los parlamentarios de HB no tendrían "derechos ni prerrogativas hasta que se produzca la adquisición plena de su condición de Diputado". Los diputados anunciaron un recurso al Constitucional, en el que hacían hincapié en que estaban sometidos a una "autentica persecución del pensamiento", que se resolvió en junio de 1990.
En aquella sentencia, el pleno de Constitucional señaló en primer lugar que la exigencia de acatar la Constitución no estaba recogida en la Carta Magna, sino por una ley posterior, y que "tan legítima es, desde el punto de vista constitucional, la postura de quienes la propugnan como la de quienes la estiman inadecuada o anacrónica".
Apuntaron que ese acatamiento -o más bien, su incumplimiento- no tenían consecuencias jurídicas: "Su eventual incumplimiento no priva, en consecuencia, de la condición de Diputado o Senador, para la que no hay otro título que la elección popular". Eso sí, la sentencia consideró imprescindible el trámite y en contra de lo sostenido por los diputados de HB afirmaron que la fórmula era "ideológicamente neutral". Es difícil concebir una fórmula en la que el acatamiento a la Constitución pueda expresarse de modo más aséptico, sin implicar siquiera una adhesión emocional a la Constitución misma", añadieron.
Pero al entrar al detalle, los magistrados no vieron pegas al "imperativo legal" enunciado por los parlamentarios, que se ha convertido en una fórmula ya habitual para algunos grupos políticos. "En el lenguaje común, la expresión añadida no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa", escribieron los magistrados, que vieron en ese añadido únicamente un significado político. Los diputados de HB ya habían anunciado durante la campaña electoral que emplearían esas palabras.
Según los magistrados, no pretendía más que "precisar que su acatamiento no es resultado de una decisión espontánea, sino simple voluntad de cumplir un requisito que la Ley les impone, para obtener un resultado (el de alcanzar la condición plena de Diputados), que es el directamente querido tanto por ellos como por sus electores".
Pero la reflexión más importante de los magistrados del Constitucional se incluyó en los últimos párrafos de su sentencia. Afirmaron que el acto de juramento o promesa de la Constitución era "una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales".
"En un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de su valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración", estableció el Constitucional. Lo contrario, advirtieron los magistrados, sería violentar la Constitución que se pretende que se acate "y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora".
Es más, añadieron que los diputados eran representantes de quienes les eligieron en base a "un programa político jurídicamente lícito", y que "la fidelidad a este compromiso político" no podía ser "desconocida ni obstaculizada" imponiendo una fórmula concreta para acatar la Constitución.
Félix Pons, el responsable de la decisión que acabó en el Constitucional, no se tomó nada bien el fallo. "Tengo el coraje político de decir que no estoy de acuerdo con que se haga excepciones con los miembros de HB y tampoco está de acuerdo la inmensa mayoría del pueblo". La polémica de los juramentos y promesa de este martes se prolongará por la decisión del PP de pedirle a la Mesa del Congreso que los revise.
Visto el clima del estreno de la legislatura en el Congreso ni siquiera es descartable que algún partido se anime a llevar las fórmulas de nuevo al Constitucional, que ya hace tres décadas censuró a quienes querían imponer la rigidez en las formas frente al pluralismo político del Congreso dando la razón a los diputados de HB.
