El juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha empezado a bloquear las cuentas bancarias de los altos funcionaros de la Generalitat procesados por malversación. ¿El objetivo? Garantizar la fianza de 5,8 millones de euros que se impueso a 17 de los investigados por la presunta organización del referéndum ilegal.
Según han informado fuentes de las defensas, las cuentas bancarias de varios de los procesados por malversación han sido inmovilizadas por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, sin esperar a que la magistrada resuelva los recursos presentados contra la fianza.
Los 17 procesados por malversación en el 1-O depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la caja de solidaridad de la Assemblea Nacional Catalana-, acompañado de un escrito en el que argumentaron que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
Las defensas de los procesados han presentado un recurso contra la resolución de la magistrada Montserrat de Toro en el que defienden que es la juez, y no la letrada de la administración de Justicia, la que debe determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un auto motivado. Ese recurso se une al que ya presentaron las defensas en contra de los 5,8 millones de euros de fianza solicitados, en el que sostienen que la Justicia está reclamando indebidamente el dinero presuntamente malversado en el referéndum por duplicado, en los procesos abiertos en el Supremo y paralelamente en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
