La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) afirmó que el juicio en su contra que comienza este martes, por presunta corrupción, es un “nuevo acto de persecución” con el que se busca montar una “cortina de humo” para “distraer” de la crisis económica del país, al tiempo que negó los cargos.
“Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”, señaló en Twitter a pocas horas de tener que acudir a los tribunales federales de Buenos Aires.
Fernández, senadora desde 2017, está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por supuestas irregularidades en la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo, de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares).
La Justicia cree que la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), y miembros de su Gobierno como el exministro de Planificación Julio de Vido; crearon un sistema para apoderarse de fondos asignados a proyectos viales.
Según expresó en las redes sociales, a este juicio oral, el primero en su contra, “jamás” debió haber sido citada.
“Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, añadió, apenas tres días después de que anunciara por el mismo medio que integrará una formula electoral para las elecciones de octubre próximo como candidata a vicepresidenta.
Así y todo, la exmandataria remarcó que “una vez más” y como “siempre” lo ha hecho, volverá a ir a los juzgados, adonde desde abril de 2016 ha ido cada vez que la han llamado a declarar como imputada en la decena de causas en las que ya está procesada.
“Pese a todo volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Py (como se conoce a los juzgados) acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías”, subrayó en referencia al fiscal Carlos Stornelli, encargado de una de las causas que la afectan e imputado por presunto espionaje.
Fernández relata que la citación de hoy por el inicio del juicio de la causa conocida como “Vialidad”, se trata de una denuncia efectuada por el Gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo “enteramente” en la provincia de Santa Cruz.
“No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”, enfatizó la senadora.
“Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la Gobernación de la provincia”, consideró.
En este sentido, insistió en que “jamás” intervino en los expedientes administrativos que se realizaron por esas obras y aclaró que entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas “existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”.
“Las ‘pruebas’ por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU (decretos de necesidad y urgencia) de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”, indicó.
La expresidenta critica que como guinda del pastel, también utilizan la “declaración” del “‘arrepentido coucheado'” Leonardo Fariña y las de la diputada oficialista Paula Oliveto y un libro del periodista Daniel Santoro, a quienes señala como “imputados” en el mismo caso que Stornelli.
“Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir”, reprochó.
EFE
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