El gobierno catalán sigue nutriendo su amplio cuerpo de asesores con antiguos altos responsables del «procès». Los exconsejeros fugados Lluís Puig y Meritxell Serret ya encontraron acomodo en altos cargos que el Ejecutivo autonómico ofrece fuera de España —uno como asesor y la otra como representante ante la Unión Europea—.
Ahora, el Govern ha recolocado a la exvicepresidenta de Artur Mas Joana Ortega como «asesora». Según apuntaba ayer en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), Ortega ha sido contratada para asesorar al Departamento de Empresa y Conocimiento del Ejecutivo autonómico, encabezado por la neoconvergente Àngels Chacón. Ortega fue condenada, junto a Artur Mas y la exconsejera Irene Rigau, a pagar varios millones de euros por los gastos generados en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. También pesa sobre ella una inhabilitación que finalizará en octubre de este año.
Tal y como se detalla en el boletín oficial del ejecutivo de Quim Torra, Ortega tendrá entre sus nuevas funciones asesorar a la titular del departamento en la «estructuración de proyectos transversales» en materia de fomento de la «economía productiva».
La exdirigente de Unió Democràtica también se encargará de preparar la documentación que la Consejería tramita al Consejo Técnico sobre este tipo de proyectos y elaborará informes sobre los resultados de su aplicación. Fuentes de la Consejería explicaron que Ortega se incorporó este viernes a su nuevo cargo.
Gracias a su nuevo puesto, Ortega —quien ha mantenido un perfil público discreto desde su condena— cobrará la retribución correspondiente a la categoría de funcionario del grupo A, es decir, más de 70.000 euros anuales. También percibirá un generoso complemento específico de 41.300 euros al año. En total, más de 110.000 euros, una cantidad no muy inferior a la que percibe un consejero del Gobierno catalán.
Artífice del 9-N
Joana Ortega se implicó con entusiasmo en la organización de la consulta independentista del 9-N. Sin embargo, acabó abandonando el gobierno de Mas pocos meses después al calor de las tensiones que acabaron dinamitando la histórica alianza que conformaba Convergència i Unió. Finalmente fue condenada e inhabilitada por dicha consulta, se alejó de la política y abrió una tienda. Ahora, vuelve al servicio del Govern.
