A la universidad no le queda más remedio que dar un giro de 360 grados si quiere seguir respondiendo a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, y del futuro. El reto no es solo adaptarse a las profundas transformaciones que introduce la revolución digital, sino liderar el proceso, convertirse en motor de cambio. Y en ello están de acuerdo toda la comunidad educativa, las empresas, los estudiantes, los rectores, los profesores, los sindicatos... que piden a voces una reforma profunda y urgente del sistema. Una demanda que ha recogido el Gobierno socialista en funciones y que será su hoja de ruta de salir adelante la presidencia de Pedro Sánchez. «Desde el minuto uno en que se constituya el nuevo Ejecutivo se creará una mesa de trabajo que abordará la nueva ley de universidades. Ya tenemos identificados los puntos más importantes que debemos abordar respecto a la actual normativa», asegura el secretario general de Universidades, Antonio Manuel Pingarrón. En ese grupo estarán representados todos los actores implicados y se asegura que sus conclusiones se consensuarán con las distintas fuerzas políticas. Ahora falta por conocer si lo que el Gobierno cree que que se debe cambiar corresponde con lo que la comunidad universitaria también considera necesario reformar. «Hace falta una propuesta de reforma profunda, porque hay aspectos que se han quedado obsoletos. Necesitamos un nuevo marco que recoja el impacto y las oportunidades de la globalización y de la revolución tecnológica», añade Pingarrón.
No hay duda de que la universidad tiene ha de modernizarse. «Debe estar siempre en la vanguardia», comenta Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología y coordinador del Doctorado en Educación de la Universidad Complutense de Madrid. De momento, «tenemos universidades muy meritorias y un inmenso talento en nuestro personal docente e investigador, pero la normativa es inadecuada para dar respuesta al siglo XXI. Ha tocado fondo», afirma Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades. Y es que todavía persisten vestigios de la primera ley de universidades de 1983. Y la última reforma de 2007 se ha quedado corta.
Para muchos hay dos prioridades: dotar de mayor autonomía de gestión a la universidad y de mayor financiación, no solo pública, sino también dejar paso a la financiación privada a través de fórmulas como el patrocinio y el mecenazgo. Solo con eso, los campus vivirían una tremenda revolución que afectaría a toda la comunidad universitaria. «Las universidades ahora son todas iguales, rígidas y funcionariales», las califica Abril. Por eso los rectores piden «una autonomía real», como recoge un decálogo, enviado por de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a los partidos políticos para acometer una verdadera transformación en las aulas. En é se reclama «una reforma de la gobernanza que otorgue más flexibilidad y margen de actuación a las universidades para poder especializarse y diferenciarse si lo consideran necesario».
«Deben tener mayor capacidad operativa y de gestión, por ejemplo para contratar el personal docente que deseen. Hoy día el 73% de los profesores trabajan en la universidad donde han hecho su tesis. Es prácticamente imposible contratar profesor extranjero. Además, el sistema de votación de rector que, solo puede provenir de la misma universidad, es endogámico. En otros países se designa a un rector por concurso de méritos», se queja Abril. En efecto, una de las mayores críticas que siempre se hace a nuestra universidad es su notable endogamia. Algo en lo que también pesan factores culturales que no promocionan la movilidad. «Las universidades dependen en gran medida del presupuesto público, que viene en función a la matrícula, poco competitiva ya que el reclutamiento es territorial. Es decir , hay mucha inercia a estudiar cerca de casa y a que los alumnos que quieren ser docentes e investigadores se queden en su propia universidad en busca de mayor estabilidad y promoción sin moverse del sitio», critica Fernández Enguita.
Otorgar mayor autonomía a la universidad es algo que han hecho otros países. Un estudio («La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos»), realizado por Cámara de Comercio de España, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades y la Fundación CYD, apunta algunas de las directrices que han abordado países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, los cuales acometieron reformas significativas en las últimas décadas. Todos han dotado a sus universidades de mayor autonomía institucional para gestionar sus recursos y tomar decisiones (han incorporado personal externo, sobre todo del mundo empresarial en los órganos de gobierno); han reducido el control del Estado sobre estos centros; han diversificado la financiación, dando importancia a los fondos privados; han cambiado el estatus del personal académico, que ha pasado de ser funcionario a personal laboral con contrato, lo que ha otorgado a las universidad de mayor libertad para contratar los profesores que desean; han creado sistemas de evaluación de la calidad al que rendir cuentas, y la asignación de los recursos públicos se realiza a través de contratos entre el Estado y las universidades teniendo en cuenta una serie de objetivos.
Así han conseguido universidades más competitivas. «La universidad a nivel mundial se está transformando, se está globalizando. Y las universidades competimos por el talento, con alumnos y docentes, y en investigación, a nivel de fondos y publicaciones. Para ser competitivos necesitamos cuidar el talento propio y atraer talento del exterior», cuenta Josep M. Garrell i Guiu, rector de la Universidad Ramon Llull. Pero no es precisamente la atracción de talento una de las fortalezas de nuestra universidad, y tampoco la internacionalización. «Atraemos pocos alumnos extranjeros, porque existen muchas trabas administrativas y burocráticas. Además tenemos un sistema diferente al de la mayor parte de los países: 3 años de grado y dos de máster, cuando lo más frecuente es 4+1. En nuestras universidades se da una escasa utilización del inglés... La internacionalización también es en la parte docente, somos endogámicos y es muy difícil atraer profesores externos», explica Antonio Abril.
Esos son grandes retos de nuestra universidad. Además de otros. Garrell i Guiu cita los datos del informe Public Funding Observatory, que elabora cada año la Asociación de Universidades Europeas: entre 2008 y 2016 se ha reducido un 7% el personal académico y no académico, como consecuencia de la crisis. De ahí que aumentar y estabilizar las plantillas universitarias, caracterizadas además por su envejecimiento (los docentes de 50 años o más representan el 48% del total), sea una reclamación más de los rectores. Según previsiones del sindicato de funcionarios CSIF, en los próximos siete años las universidades perderán casi la mitad de sus catedráticos y gran parte de sus profesores titulares. «El envejecimiento y la disminución de la plantilla va a generar un enorme problema que afectará directamente a la docencia y la investigación y, por ende, a la viabilidad del sistema español de ciencia y tecnología», dice el sindicato.
Otro de los grandes desafíos es lograr un apoyo firme a la investigación, transferencia e innovación, como piden los rectores. «La investigación es el futuro y dependemos de ella», sentencia Fernández Enguita. Es lo que defiende la Conferencia de Consejos Sociales en un reciente manifiesto que pide, entre otras medidas, potenciar «la I+D+i como apuesta estratégica nacional, para sostener con las debidas garantías la base científica y tecnológica de nuestro progreso colectivo». Sin embargo, en esto la universidad tampoco tiene capacidad para hacer y desarrollar planes estratégicos de investigación, dice Abril. «Si lo pudieran hacer -continua- habría mejor conexión entre la universidad y la empresa y podría mejorar la transferencia de la universidad a la sociedad. El 65% de la investigación española se hace en la universidad, somos el undécimo país en producción científica (un 3,3% del total mundial), pero transferimos muy poco. Eso mejoraría con organismos dentro de la universidad capaces de ordenar esa transferencia. Debemos tener mayor conexión con el sistema productivo. En Alemania hay mucha investigación aplicada, que mira las necesidades de la sociedad a través de la empresa».
Para eso también se necesita financiación, y este es otro duro hueso de roer. Según el informe Public Funding Observatory, entre 2008 y 2016 el sistema de universidades públicas ha perdido un 22% de su financiación, por la crisis, «mientras otros países como Suecia ha ganado casi un 25%», cuenta Garrell i Guiu. «Necesitaríamos aumentar entre un 15 y 20% la financiación de la universidad para llegar a la media de los países de la OCDE», detalla Antonio Abril. Un síntoma más de la «poca prioridad que en España se da a esta institución», se queja. Muchos aconsejan diversificar las fuentes de financiación, que no solo llegue del ámbito público, aunque la mayoría de las universidades públicas no cuentan con experiencia en la captación de recursos privados. Sin cifras globales, un estudio de la Conferencia de Consejos Sociales estima con datos de 19 instituciones españolas que solo el 20% de los fondos son de origen privado, frente al 40% de la media europea, y solo un 7% procede de donativos particulares o transferencias de empresas.
Hay otro gran desafío al que hacer frente. Para muchos, el más urgente, como sugiere Fernández Enguita: «La universidad es más arcaica en burocracia y enseñanza. Hay que replantearse la forma en la que enseñamos y aprenden los alumnos, porque viene gente muy distinta, con muy diferentes circunstancias y la universidad ya no es su única fuente de aprendizaje». Un profundo cambio en el modelo pedagógico, en el rol de concebir el profesor y el alumno, es también la apuesta de Javier Tourón, vicerrector de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir). «La universidad no es una institución estática -dice- que solo transmite conocimientos, sino que ayuda a los alumnos a adquirir hábitos intelectuales profundos que les lleva a pensar con duda y creatividad y, sobre todo, les ayuda a saber hacer. Como la naturaleza del aprendizaje ha cambiado, es necesario desarrollar capacidades y competencias que hace décadas no eran necesarias. El alumno es el único protagonista de su propio aprendizaje». Así es, ya se habla incluso de que tendrá que desplegar las Competencias Digitales Alternativas (CDA), es decir, no solo mostrar un título universitario sino también unas credenciales de lo que sabe hacer, todo estará en un registro digital de sus competencias y habilidades para el mercado laboral. Son pautas para que la universidad aborde una revolución largamente pendiente que le permita liderar, y no solo acompañar, el cambio que experimentan la sociedad y los procesos productivos.
