Cuatro miembros de una misma familia de nacionalidad búlgara han sido condenados a penas de entre cinco y siete años de prisión por explotar en condiciones extremas a compatriotas en tareas agrícolas en diferentes provincias española.
El tribunal ha impuesto a los cuatro condenados la obligación de indemnizar a nueve de las víctimas con cantidades que oscilan entre los 190 y los 1.550 euros.
Según se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, obligaban a sus víctimas a trabajar de sol a sol y a vivir hacinadas y en condiciones insalubres. Además, se quedaban con la totalidad o una parte muy importante de sus sueldos con la excusa de que debían pagar el viaje desde Bulgaria o los gastos de su hospedaje, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La sala ha impuesto siete años de cárcel por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores a uno de los condenados, padre de los otros tres, como "máximo responsable de lo ocurrido", ya que de él "emanaban todas las decisiones".
Sus tres hijos, que ejecutaban "las órdenes y directrices impartidas por su padre", de acuerdo con la resolución, han sido condenados a penas de cinco años por el mismo delito.
En cambio, los magistrados exculpan a todos ellos de un delito de trata de seres humanos, al tiempo que han absuelto a un quinto acusado que había colaborado en el alojamiento de los trabajadores pero no en su explotación laboral.
Los procesados captaban a ciudadanos búlgaros con escasos recursos económicos en su país, principalmente en la región de Pleven, y los trasladaban luego a España para trabajar en tareas agrícolas, sobre todo en la recolección de cítricos, patatas, cebollas, ajos o en la vendimia.
El tribunal ha declarado probado que el padre y los tres hijos obligaban a vivir a las víctimas en condiciones insalubres, se quedaban con parte o con todo su jornal y les retenían la documentación personal y el permiso de trabajo.
En un piso, 15 personas
Así, entre enero y abril de 2016, hospedaron en un piso de escasas dimensiones ubicado en Tavernes de la Valldigna (Valencia) a 15 personas, que tenían que dormir con colchones en el suelo y soportar la falta de condiciones higiénicas mientras eran explotadas en la recogida de naranjas.
Meses después, en septiembre de ese año, los condenados usaron una vivienda de Cuéllar (Segovia) para alojar a cerca de 30 personas venidas de Bulgaria que, en esta ocasión, se dedicaban a trabajar en la vendimia y la recolección de patatas, cebollas o ajos.
La sentencia estima que entre los meses de diciembre de 2015 y octubre de 2016 el padre y los tres hijos ahora condenados cobraron más de 69.500 euros, además de otras cantidades en negro, de empresarios de la Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla y León.
