Los responsables del gabinete juridico y del departamento de contratación respaldan la tesis de las defensas contra el delito de malversación
Tras varias semanas dedicadas casi en exclusiva a repasar los incidentes ocurridos durante la jornada de la consulta independentista ilegal del 1 de octubre de 2017, el juicio del procés ha vuelto a adentrarse este lunes en el delito de malversación que las acusaciones atribuyen a todos los miembros del Govern. Dos altos cargos de la Generalitat han negado que el Ejecutivo de Carles Puigdemont comprometiera o gastara dinero público en los preparativos del 1-O. “No hay ningún encargo oficial específico”, ha afirmado Francesc Esteve, director del gabinete jurídico de la Generalitat. En términos similares se ha expresado Mercé Corretja, directora general de contratación pública desde febrero de 2016, que ha asegurado que su departamento no ha detectado ningún expediente de gasto público para la organización de la consulta.
