El estancamiento de las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura Ortega-Murillo, como resultado de la intransigencia del comandante Daniel Ortega, amenaza con liquidar el segundo intento del diálogo nacional. Hace dos semanas Ortega desautorizó a su delegación, encabezada por el canciller Denis Moncada, después que este acordó con la Alianza Cívica la propuesta de los testigos internacionales para implementar la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas.
Si la negociación agoniza, por lo tanto, no es a causa de la inflexibilidad de los negociadores para llegar a un acuerdo, sino porque Ortega anuló lo que sus delegados habían acordado: liberar en el mes de mayo, —antes que se venza el plazo oficial de los 90 días— a todos los presos políticos, que también son los líderes de la protesta cívica.
El nuevo pretexto de la dictadura para justificar el incumplimiento de los acuerdos es demandar a la Alianza que haga un llamamiento para que se suspendan las sanciones internacionales. Sin embargo, hasta los partidarios del régimen admiten que la llave para la suspensión de las sanciones, y para evitar la aplicación de nuevas y más severas sanciones, solo la tienen Ortega y Murillo. Las sanciones internacionales se suspenderán en el momento en que Ortega libere a todos los presos políticos, restablezca las libertades públicas, y facilite una reforma política para convocar a elecciones anticipadas.
La aparente irracionalidad de Ortega se explica, en parte, por sus compromisos en la alianza política con Cuba y Venezuela. Mientras Maduro resiste la presión de más de cincuenta países que desconocen a su gobierno e intenta aplastar el desafío de Guaidó, Ortega seguirá atrincherado en Nicaragua torpedeando la negociación política. Su prioridad es preservar a toda costa su liderazgo personal-familiar sin ofrecerle al país una salida, y nos condena a todos, incluyendo a su Gobierno, al Ejército de Nicaragua, al partido FSLN, y a los empresarios --tanto a los sandinistas como a los agrupados en las cámaras del sector privado--, al colapso de la economía nacional, que significa más desempleo y empobrecimiento para centenares de miles de familias.
Entre el 18 y el 26 de junio se vence el plazo de los 90 días para la liberación de los presos políticos, se aplicará la ley Nica Act, y se instalará la Asamblea General de la OEA, en la que los cancilleres del continente, decidirán sobre las violaciones a la Carta Democrática Interamericana. De manera que si Ortega sigue jugando las cartas de Nicolás Maduro, nada podrá impedir que se impongan nuevas sanciones internacionales de parte de la OEA, la Unión Europea, y el Gobierno de los Estados Unidos.
Frente a esta crisis anunciada, el movimiento azul y blanco enfrenta la disyuntiva de esperar y ver que impacto tendrán las nuevas sanciones en el régimen de Ortega, o ejercer más presión cívica, no en Washington ni en Bruselas, sino en Managua, sumando fuerzas que todavía respaldan a Ortega como el FSLN y el Ejército, o que aún no están comprometidas a fondo con el cambio político, como los grandes empresarios.
La resistencia contra la dictadura está fuertemente implantada en las cárceles, en las protestas que desafían la represión, y en el exilio. Para lograr una verdadera solución nacional, aún hace falta debilitar las bases de apoyo de Ortega y sumar a nuevos actores democráticos. ¿Qué incentivos tendrían los empresarios, el Ejército, y el FSLN, para apostar por el cambio político?
Durante una década, la alianza corporativista de los grandes empresarios con Ortega le brindó a la dictadura legitimidad política y estabilidad económica, a costa de democracia y transparencia. Ese modelo colapsó con la matanza de abril, y los empresarios han sido consecuentes en demandar a Ortega un acuerdo político, reformas y elecciones anticipadas.
El distanciamiento del régimen ha sido un paso necesario para debilitar a Ortega, pero no es suficiente para contribuir a promover el cambio político que conduzca a un modelo de desarrollo sostenible con democracia. Los líderes empresariales cuentan con el músculo económico y la legitimidad social para ejercer más presión de forma efectiva, en el entorno inmediato de Ortega y Murillo, en la burocracia gubernamental, y entre los empresarios sandinistas, que también buscan una salida. Con algunas meritorias excepciones, los líderes empresariales no se atreven a convertirse en un actor democrático y esperan que la inercia conducirá al “aterrizaje suave”, olvidando que la inacción política también puede provocar el descarrilamiento total del país. El dilema de los empresarios es seguir anclados en una visión cortoplacista, que podría prolongar la agonía del régimen y provocar la destrucción de la economía, o aventurarse en la incertidumbre de promover un cambio que desemboque en una transición democrática.
El Ejército de Nicaragua ha sido arrastrado a ser parte de la crisis del orteguismo, por la incapacidad de su comandancia para defender el legado institucional de la transición democrática. Bajo el mando del general Julio César Avilés, la institución militar sucumbió a la cooptación del caudillo, tejiendo una telaraña de intereses, negocios privados, y corrupción.
Los altos oficiales que integran el Consejo Militar, y también los exmilitares democráticos, tienen suficiente información y experiencia política para advertir que el orteguismo vive una crisis terminal, que amenaza la legitimidad y credibilidad del Ejército, cuestionado por su complicidad con el régimen. En consecuencia, no deberían esperar hasta que el país se encuentre al borde del abismo y de una nueva matanza, para pronunciarse y actuar de forma categórica a favor de una salida política, pacífica y constitucional.
En coherencia con su propia tradición institucional cosechada en los años noventa, especialmente durante el gobierno de Alemán, el Ejército está obligado a poner límites al poder autoritario de Ortega. ¿Acaso los militares institucionalistas se habrían quedado impasibles ante una dictadura sanguinaria de signo no sandinista? Es hora de que los militares asuman su propia cuota de responsabilidad en la solución nacional, y el primer paso consiste en desarmar y desmantelar a las bandas paramilitares para lo cual, además, están facultados por la ley.
En la agonía del régimen Ortega-Murillo, el Frente Sandinista está a punto de hundirse con la familia gobernante, igual que el Partido Liberal Nacionalista naufragó con Anastasio Somoza en 1979. El futuro político del FSLN depende de la capacidad de sus cuadros civiles y militares, si están ajenos a la represión y la corrupción, de encarar la matanza que otros perpetraron en nombre del sandinismo, y contribuir al establecimiento de la verdad y la justicia.
Se trata de un desafío monumental, pero si el FSLN pretende reclamar un rol en la nueva transición democrática como lo ejerció entre 1990 y 2006, primero debe liberarse del control político de la familia Ortega-Murillo. Seguramente, la pareja gobernante imagina como su peor escenario un gobierno desde abajo, en el que seguirían chantajeando la transición con el terror de las bandas paramilitares. En esa quimera no tiene cabida el Frente Sandinista. Para un movimiento que representa una quinta parte del electorado nacional, que incluye a la actual burocracia gubernamental y a los empresarios sandinistas, el único futuro viable consiste en formar parte de un sistema democrático en el que mañana podrán competir por el poder por la vía electoral.
Ciertamente, las alternativas arriba descritas no son realizables sin el surgimiento de nuevos liderazgos individuales entre los empresarios, el Ejército, y el FSLN, pero tampoco quedan otras opciones ante un régimen aferrado al poder por la fuerza. La salida democrática no radica en la inercia de la crisis económica, ni en las sanciones internacionales, sino en la ampliación de la alianza del gran movimiento azul y blanco, con los grandes empresarios, los militares institucionalistas, y los sectores del sandinismo --sin Ortega y Murillo--, que estén dispuestos a asumir riesgos para facilitar un cambio político.
