En el marco del conflicto que enfrenta a los taxistas con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) y las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, el último recuento de autorizaciones para transporte de viajeros del Ministerio de Fomento refleja que a fecha de 6 de mayo, Sevilla contabilizaba 213 licencias de vehículo de transporte concertado frente a 2.305 autorizaciones de auto taxi, según un documento oficial del Ministerio recogido por Europa Press.
A tal efecto, el recuento correspondiente al pasado mes de marzo ponía de relieve que al comenzar dicho mes, en la provincia de Sevilla estaban contabilizadas 230 licencias de vehículo de transporte concertado y 2.289 autorizaciones de auto taxi, con lo que entre marzo y mayo el número de autorizaciones de VTC se ha reducido en 17, mientras la flota de taxis ha sumado 16 licencias más.
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de «intrusismo», pues la regulación de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
Investigación en marcha
En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas, por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.
En paralelo, a la hora de esclarecer cómo desarrollar en Andalucía el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los VTC que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, los taxistas de Sevilla capital y el Consistorio hispalense acordaron pedir a la Junta que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos.
La Junta, frente a estas demandas, ha emitido un borrador con propuestas para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado, con la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, entre otros aspectos.
Las estaciones de VTC
En cuanto a los VTC, y mientras dicho decreto ley estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano, las propuestas de la Junta incluyen para dicho periodo la creación de estaciones d
e VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, para que tal servicio sea prestado desde estas ubicaciones.
La idea, según precisa la Junta respecto a sus propuestas, es que los VTC estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios «salvo que tengan otro servicio precontratado», apostando por supervisar la actividad de los VTC mediante una página web de control andaluza que se nutra de la estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca.
