El Juzgado de Instrucción 53 de Madrid ha dejado en libertad, con la prohibición de acercarse a la menor, a la mujer detenida por mantener secuestrada a su hija durante casi dos años, a la que presuntamente mantenía retenida en una casa de la localidad de La Cabrera sin dejarla ver al padre ni escolarizar.
Según ha confirmado el abogado de Patricia G. A., la mujer ha quedado en libertad tras declarar durante aproximadamente una hora ante la magistrada, que luego ha decretado su libertad.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han precisado que la mujer sigue investigada por un presunto delito de secuestro de menor y se han mantenido las medidas cautelares dictadas ayer por el juzgado de guardia de detenidos: no acercarse a la hija a menos de 500 metros y presentarse cada quince días en los juzgados.
Ni la acusada ni su letrado han querido hacer declaraciones a la prensa ni al entrar ni al salir de los juzgados, salvo para confirmar la situación de libertad.
La Policía Nacional detuvo el sábado a Patricia G.A., de 44 años, en el pueblo madrileño de La Cabrera, acusada de mantener a su hija menor alejada de su padre desde febrero de 2017 y por no escolarizarla en 2018 ni 2019.
Ayer la puso a disposición del juzgado de guardia y hoy la jueza que llevará la causa le ha tomado la primera declaración.
Según adelantó el diario El Mundo y confirmaron a Efe fuentes policiales, la madre, que no tiene antecedentes, fue localizada a las 11.00 horas del pasado sábado junto a la menor y su actual pareja.
Los agentes arrestaron a la progenitora después de que a principios de abril un juzgado solicitara al cuerpo policial que localizara y detuviera a la mujer por incumplir el régimen de visitas y darse a la fuga.
Las mismas fuentes explican que el padre de la menor no había podido verla desde febrero de 2017 y que la niña llevaba dos años sin escolarizar.
La detenida formaba parte de la asociación Infancia Libre, cuya dirigente María Sevilla fue detenida el pasado 1 de abril por un presunto delito de sustracción de menores, tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses.
