La expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya ha calificado este lunes los registros judiciales y policiales del 20 de septiembre de 2017 como una «provocación» del Estado español.
Procesada por desobediencia en esta misma causa, pero en la pieza que se remitió el pasado diciembre al TSJ de Cataluña, la exdirigente de la CUP ha reconocido ante el tribunal el «procés» que el día de los incidentes ante la Consejería de Economía de la Generalitat, donde se impidió la salida de la comisión judicial hasta entrada la madrugada, ella fue una de las que se subió a los vehículos de la Guardia Civil para dirigirse a los manifestantes.
No osbtante, ha dicho que las primeras palabras de su discurso no fueron azuzar a la masa contra la Benemérita, sino en «clave humorística». En torno a las nueve de la noche, la exdirigente independentista cogió un megáfono y, sobre el capó de uno de los coches que resultaron «saqueados» por los manifestantes, «bromeó» con que sabía con que a muchos de los de allí presentes les «gustaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil».
Se trató, ha sostenido, de un «comentario humorístico», pues fue precisamente ella y su compañera de partido Eulalia Reguán, quien, a peticion de los «jordis», desconvocó la protesta, una decisión que la CUP no compartía con el expresidente de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que la gente estaba ejerciendo libremente su derecho a la protesta.
No en vano, Boya ha sido llamada a declarar por la defensa de los «jordis» en un claro intento de exculpar a ambos procesados de su responsabilidad el 20-S y de hacer valer su carácter «conciliador» y «pacifista» ante unos incidentes de tal envergadura que se tradujeron en que ni los propios detenidos pudieron asistir a los registros de sus dependencias ante el riesgo que entrañaba que lo hicieran por un pasillo de voluntarios sin fiabilidad alguna.
Boya ha reconocido que ese 20-S ella fue autoría de decenas de tuits incitando ala gente a manifestarse, y aunque en un momento dado ha calificado los registros policiales y judiciales de provocación del Estado español», ha desmentido que su llamamiento a salir a la calle fuera para impedir esos registros, sino para «protestar» por ellos y manifestarse para que se permitiera la celebración del referéndum del 1-O. Ella misma ha admitido su «sentada» («resistencia pacífica», ha dicho) ante la sede de la CUP.
Ni una factura pendiente
Otro de los testimonios relevantes de este lunes ha sido el jefe del gabinete jurídico de la Generalitat, cuya testifical ha ido encaminada a desmontar la acusación de malversación de la Generalitat. Francesc Esteve ha intentado exonerar de responsabilidad al exconsejero de Presidencia Jordi Turull, al sostener que siempre le dio la indicación de que los servicios jurídicos de los distintos departamentos debían colaborar con la justicia y apoyar a las comisiones judiciales desplazadas a los distintos registros.
También ha roto cualquier vínculo de la la Generalitat con la preparación y logística del referéndum del 1-O. En este sentido, ha dicho que, examinadas las cuentas del anterior «Govern», «no hay ningún cargo, reserva de crédito o factura relacionada con cartelería y papeletas que tengan relación con aquella consulta». Según él, no hay factura pendiente alguna con Unipost, el servicio de mensajería al que se encargaron las papeletas del 1-O fraccionando este gasto entre cuatro consejerias distintas para que el montante no fuera tan llamativo.
De igual forma ha señalado que la Generalitat tampoco debe un euro a la Corporación de Medios Audiovisuales que publicó el anuncio de las vías del tren (que anunciaba el referéndum), pues se trataba de una campaña gratuita enmarcada en un acuerdo marco concreto.
El testigo ha sido muy reticente a la hora de contestar a las preguntas de una incisiva Consuelo Madrigal acerca de si los servicios juridicos avisaron a la Generalitat de la ilegalidad de la consulta del 1-O. Esteve se ha limitado a señalar que cada resolución del TC iba acompañada de una nota interpretativa de los juristas de la Generalitat.
