Con el fin de combatir la ilegalidad en el comercio de bebidas alcohólicas, la Comisión para la Industria de Vinos y Licores trabaja con las autoridades para dimensionar el problema, el tipo de ilegalidad y su impacto en la recaudación de impuestos en México.
¿Qué los llevó a crear este proyecto?
La Comisión para la Industria de Vinos y Licores es una asociación formada por industriales preocupados por la regulación, fiscalización y comercio legal del sector de bebidas alcohólicas. En los últimos años hemos hecho estudios sobre el mercado informal, que nos permiten realizar un diagnóstico puntual de cuál es el escenario para la industria.
Euromonitor International hizo ese tipo de análisis en América Latina, Europa y Asia. En el caso de México, se han realizado tres estudios para entender el tamaño de la ilegalidad y sus implicaciones. En ellos, vimos una evolución del comercio formal y que se acotó el mercado ilegal.
¿Cuáles fueron los resultados de estos estudios?
En 2015, cuando evaluamos 2013, encontramos que el porcentaje de ilegalidad de las bebidas destiladas (productos que no pagan impuestos) era del orden de 43%,el cual no incluye cervezas ni vinos de mesa.
En la comisión decidimos que un mayor volumen de los asociados estaba en esta subcategoría del destilado porque son los que más impuestos pagan en IEPS: 53% sobre el precio de venta. Es decir, si un producto cuesta 100 pesos, el impuesto que se grava es de 53 pesos.
Si a esto le sumas el IVA en la compraventa, sube a 177 pesos, donde 77 pesos son el resultado de un impuesto compuesto por IEPS e IVA. Pero si a eso le añades que lo vendes en Querétaro, por ejemplo, que tiene un gravamen adicional de 4.5%, evidentemente tu producto ya rebasa los 80 pesos de impuestos compuestos. Impuestos tan altos que promueven la ilegalidad.
¿Cuál es el trabajo que realizan con el gobierno?
A partir del primer estudio, nos unimos a las autoridades legales, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT, a la Cofepris, la Profeco y a la División General de Aduanas; entre todos sumamos una mesa de trabajo para denunciar las prácticas ilegales y que las autoridades actuaran.
En 2017, el estudio destacó que el mercado ilegal disminuyó de 43% a 36% como resultado de estas acciones. Sin embargo, en 2019, el problema de la ilegalidad se mantuvo en 36%, lo que representa una pérdida fiscal anual de 8,500 millones de pesos (mdp) de IEPS.
¿Cómo ha cambiado el marbete para garantizar la legalidad de los destilados?
El marbete es un identificador de control sanitario y fiscal que se coloca en cada botella para garantizar la legalidad. Hasta hace unos años, era simplemente un holograma.
Recientemente trabajamos con la autoridad para lanzar un marbete nuevo, el cual tiene un código QR que se puede leer con un smartphone. Mediante este sello se sabe cuál es el número de lote, el número de registro que tiene ante la Secretaría de Hacienda y el nombre del producto, entre muchos otros datos.
¿Cómo se deben realizar las operaciones de compraventa para cumplir con el marco legal?
Cuando un comerciante vende un producto, tiene que utilizar un instrumento bancario, ya sea una tarjeta de crédito, un cheque o una transferencia, además, debe haber una factura timbrada con los procesos electrónicos.
¿Cuál es el plan de trabajo a partir de ahora?
Estamos colaborando con las autoridades para que esta ilegalidad sea menor. Entre las acciones que proponemos es que no haya más incrementos de impuestos a estas bebidas, es decir, mantener una certidumbre tributaria, que sin duda, ayudará a combatir la ilegalidad en la industria.
