Aunque la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, admitió conocer los aportes de las empresas a la campaña por el No a la Revocatoria, lo que no dijo fue el destino de los US$ 10 millones que le dieron en total las constructoras Odebrecht y OAS.
Según la información de la Fiscalía, la empresa Odebrecht entregó US$ 3 millones, mientras que OAS la suma de US$ 7 millones, para las campañas por el No a la Revocatoria y su fallida reelección. Dicha revelación fue suficiente para que el Ministerio Público requiriera variar la condición de comparecencia restringida contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una medida de prisión preventiva por 36 meses.
El pedido fue tramitado por el fiscal Carlos Puma, quien también solicitó la misma medida para el ex gerente municipal José Miguel Castro. A ellos se suman Gabriel Prado, Luis Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.
Según el expediente fiscal, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, ratificó a la Fiscalía que pagó US$ 3 millones para la campaña del No a la Revocatoria.
De la misma manera señaló que la constructora pagó US$ 2 millones en reales en Brasil y los destinatarios eran los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre. También dijo que se pagó US$ 1 millón en el Perú y en efectivo a José Miguel Castro, entonces gerente municipal de Villarán.
Además de señalar que Castro se quejaba porque estaban demorando con el pago, Barata afirmó que Villarán le agradeció el aporte.
La exalcaldesa también solicitó otros US$ 3 millones a OAS, pero a ello se suma otros US$ 4 millones que entregó OAS para la campaña de reelección de Susana Villarán.
HIPÓTESIS FISCAL
De acuerdo a la Fiscalía, la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente conformó una organización criminal junto a su ex gerente general, José Miguel Castro Gutiérrez, al haber solicitado dinero a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña política por el No a la Revocatoria y por la reelección, con la finalidad de continuar al mando de la municipalidad.
Ambas empresas brasileñas habrían aceptado dar el dinero para la campaña de Villarán a causa de los grandes intereses que tenían en la Municipalidad de Lima. La empresa Odebrecht quería conservar Rutas de Lima y tenía el proyecto de concesión Vías Nuevas de Lima y en el caso de OAS, la adenda Nº 1 de la Línea Amarilla.
A cambio del dinero solicitado y posteriormente entregado los investigados habrían beneficiado a las empresas brasileñas con los proyectos antes mencionados. De acuerdo a esta hipótesis fiscal, Villarán era la cabeza y líder de la organización criminal que disponía la realización de determinadas actividades en el marco de su gestión como alcaldesa de la Municipalidad de Lima y de las campañas por el No a la Revocatoria y por su reelección.
“Para cometer sus actividades ilícitas, Villarán de la Puente habría nombrado al interior de la municipalidad en puestos estratégicos a José Miguel Castro, gerente municipal encargado de pedir los dineros ilícitos a las empresas Odebrecht y OAS, teniendo en consideración su cargo al interior de la municipalidad”, señala el documento fiscal.
Asimismo, designó a Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente de Promoción de la Inversión Privada, encargado de ver todo lo relacionado con los contratos de concesión y adendas vinculadas a las concesiones como Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
“Del mismo modo Villarán de la Puente junto a su gerente Castro Gutiérrez habrían dispuesto de personal y expersonal de la municipalidad y personas vinculadas a las agrupaciones políticas de izquierda como Fuerza Social y Diálogo Vecinal para efectivizar sus actividades ilícitas tendientes a camuflar el dinero maculado de las empresas Odebrecht y OAS”, se indica.
En el pedido fiscal, la exalcaldesa nombró a varias personas de su entorno durante la Campaña por la No Revocatoria.
Es así que contrató a Gabriel Prado Ramos como gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, quien resultó ser beneficiario final de la cuenta de la sociedad Redstone Holding S.A. creada el 9 de agosto de 2013 en la Banca Privada de Andorra para que se deposite el dinero de procedencia ilícita.
Dentro del círculo de Villarán también estaba Marco del Mastro Vecchione, especialista en cooperación internacional, encargado de crear la Asociación Amigos de Lima Metropolitana destinada a recepcionar los fondos ilícitos para la campaña por el No a la Revocatoria.
Asimismo, Cecilia Margarita Lévano de Rossi, directora de asuntos económicos y financieros de Asociación Amigos de Lima Metropolitana, inicialmente encargada de crear la Asociación Amigos de Lima Metropolitana destinada a recepcionar los fondos ilícitos para la citada campaña.
También María Julia Méndez Vega, candidata a la alcaldía de Miraflores por el partido Fuerza Social y creadora de la cuenta de Interbank, tesorera y encargada de administrar la cuenta recaudadora de fondos ilícitos con los que se financió la campaña en mención.
Marco Antonio Ceballos Bueno era el regidor responsable legal del No a la Revocatoria, encargado de remitir la información consignando datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de ocultar la procedencia del dinero maculado.
Luis Gómez Cornejo estaba encargado de recibir los dineros ilícitos de la Caja 2 o contabilidad paralela de las empresas brasileñas y disponer de los gastos para la continuidad de la entonces cuestionada alcaldesa al frente de la comuna limeña.
En tanto que Óscar Ricardo Vidaurreta, de la empresa Ogilvy, recibía el dinero del departamento de coimas de OAS llamado ‘Contraloría de Proyectos Estructurados’ a través de su empresa.
Juan Carlos Becerra Jara, apoderado, fundador presidente y representante legal de la organización política de Diálogo Vecinal, estuvo encargado de proporcionar una información falsa entregada a la ONPE para camuflar el origen del dinero. Lo mismo hizo José César Castro.
Luis Gómez Cornejo se desempeñó como secretario de economía de Diálogo Vecinal. Era la persona de confianza de Villarán y Castro y estaba encargado del manejo de dinero de la campaña por la reelección.
César Simón Meggs Rojas estuvo a cargo de recibir los fondos de los dineros maculados.
El personero legal de Diálogo Vecinal, Marco Antonio Ceballos Bueno, se encargó de remitir información falsa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de ocultar la procedencia del dinero sucio.
LAVADO DE ACTIVOS
De acuerdo al documento fiscal, la imputación contra Susana Villarán por la comisión del delito de lavado de activos se basa en haber dirigido el dinero producto del acto de corrupción y al pago de servicios de marketing para sus campañas políticas por el No a la Revocatoria y su reelección a la Municipalidad de Lima.
La forma de pago se realizó mediante entregas en efectivo y habiendo declarado hechos falsos ante el JNE y a la ONPE, lo cual demuestra el propósito de evitar la identificación del origen lícito de los fondos recibidos de la ‘Contraloría de Proyectos Estructurados’, los cuales eran producto de la actividad delictiva, previa corrupción de funcionarios.
“Podemos concluir que Susana Villarán de la Puente tenía el dominio del hecho al haber realizado acciones tendientes a que el dinero producto del acto de corrupción sea ingresado al circuito económico legal mediante el pago de su campaña política de reelección”, indica la tesis fiscal.
La Fiscalía también aclara que aun cuando puedan coincidir en espacio y tiempo de recepción del dinero de parte de Valdemir Garreta y el pago por el servicio de consultoría, son dos acontecimientos independientes dado que el beneficiario real del dinero fue Villarán, quien recibe el dinero y luego con ese mismo recurso económico realiza el pago de la consultoría en publicidad.
POR: MARIA TERESA GARCÍA
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