El Gobierno ha salido este lunes al paso de la controversia entorno al control horario, y lo ha hecho por boca de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, quien ha mostrado su sorpresa por el debate generado y recordado que el control de las horas extraordinarias siempre ha sido exigible a las empresas en virtud del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, ha precisado que la nueva normativa sobre el registro diario de horas trabajadas, en vigor desde ayer, si acaso es una «novedad puramente formal y casi de entidad menor».
Valdeolivas ha señalado que «todas las empresas eran conscientes de que el control de la jornada efectiva de trabajo era exigible desde siempre y no creíamos que fuera a crear especiales dificultades a la luz de los instrumentos telemáticos que existen». En este sentido, ha apuntado que la mayoría de las empresas ya cumple con la Ley.
De ahí que la secretaria de Estado haya mostrado su «sorpresa y perplejidad» por la «alarma social» que ha generado esta medida y que, a su juicio, surge «desde intereses bien reconocibles». «Los propios empresarios que cumplen fielmente con sus obligaciones deberían ser los primeros interesados en que se sancionaran a los que compiten deslealmente», ha apuntado.
En declaraciones a RNE s, Valdeolivas ha subrayado que la
s empresas han tenido dos meses para adaptarse a la nueva normativa, aunque ha vuelto a insistir en que Trabajo no tiene «un plan de choque específico» para perseguir hoy mismo a las empresas que carezcan de este registro si están negociándolo. Ahora bien, ha dejado claro que no se trata de una moratoria y que la Inspección de Trabajo puede empezar a multar a las empresas que incumplan esta obligación desde hoy mismo.
Valdeolivas ha añadido que «la obligación existe desde ayer y dos meses era un tiempo sensato. Allí donde se esté cumpliendo la obligación de negociar, seremos flexibles y daremos algo de tiempo, pero las empresas deben estar negociando ya», ha apuntado la número dos del Ministerio de Trabajo quien ha subrayado además que, en caso de no haber acuerdo, esto no puede ser un «pretexto» para eludir esta obligación empresarial.
En este sentido, ha recordado que se trata de una obligación del empresario y, al mismo tiempo, de un derecho de los trabajadores, ya que permitirá documentar el horario efectivamente trabajado y evitar «el intolerable» número de horas extraordinarias que se hacen en España sin ser reconocidas ni pagadas.
La secretaria de Estado ha añadido que la flexibilidad horaria que persiguen los empresarios no se verá afectada por esta obligación «formal» de registrar la jornada y ha insistido en que lo que se persigue es generar certeza y seguridad jurídica. Al mismo tiempo, ha apuntado que el registro también beneficiará a las empresas para mejorar en productividad y controlar el absentismo laboral.
Críticas desde el colectivo de autónomos
Muy crítico se han mostrado desde el colectivo de autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido de la «incertidumbre» que ha generado esta medida entre los autónomos, pues hay más de 600.000 actividades que no tienen centro de trabajo y que tendrán dificultades para computar las horas como, por ejemplo, el sector del transporte.
«¿Va a tener que llevar el camionero el móvil en la mano cuando pare a echar gasolina? Es una norma que no está bien rematada y genera incertidumbre. En España hay gente que circula a 180 kilómetros por hora y no ponemos limitadores de velocidad a todos los coches», ha subrayado Amor.
Valdeolivas ha recordado a Cuerva y Amor que, precisamente, para facilitar la resolución de dudas y facilitar la aplicación de la norma, el Ministerio de Trabajo tiene previsto publicar hoy mismo una guía práctica de ayuda a las empresas.
