Dice el dicho popular que “en casa del herrero, azadón de palo”. Así sucedió en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): al interior del organismo rector de la actividad financiera y de crédito en el país ha operado, desde la década de 1960 hasta hoy, una caja de ahorro irregular en la que participa la mayoría de los empleados (mil 247 de mil 450), similar a una tanda o una “pirámide”, que son instrumentos riesgosos y proclives al fraude.
En lugar de haberse constituido como una sociedad cooperativa de ahorro, tal como lo marca la Ley de Ahorro y Crédito Popular, vigente desde junio de 2001, esta caja fue inscrita ante notario público por ex directivos de la CNBV, en diciembre de 2001, como una asociación civil.
“Era la única manera de dotarla de personalidad jurídica para cobrar los pagarés vencidos”, explicaron a MILENIO dos de esos ex directivos, Fernando Chavero, que fue director general de Administración y Finanzas de 2001 a 2014, y Gustavo Ramírez, quien fue director de Finanzas de 2001 a 2015, quienes narran que en realidad la caja venía funcionando de manera informal desde los años 60 y fue en 2001, cuando ellos llegaron a la CNBV, que quisieron “meterla en orden”.
Como era una caja sin existencia legal, no podían recurrir a un juez para cobrar la cartera vencida. Por eso, aseguran, la registraron como asociación civil. “Así lo recomendaron los abogados”.
Mario di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tiene otra opinión: abrir una caja de ahorro como una asociación civil es ilegal, porque las operaciones que se hagan con ese dinero escapan a la vigilancia de la misma CNBV o de la Condusef.
Además, dicho instrumento de ahorro tiene problemas de liquidez, debido a los presuntos manejos discrecionales de que fue objeto en los últimos años, sin que haya rendido cuentas y lejos del escrutinio oficial.
El año pasado su cartera vencida, con una lista de 31 ex funcionarios deudores, llegó a la cifra más alta de su historia: más de 20 millones de pesos, que equivalen a 13 por ciento de los préstamos registrados y que, con una tasa de interés mínima —calculada por MILENIO con base en las reglas de operación de la misma caja—, alcanzaría al menos 25.2 millones de pesos.
La situación fue expuesta en asamblea de socios el pasado 11 de abril por parte de los nuevos responsables, que son funcionarios de estructura que ingresaron a la CNBV con la nueva administración federal. Actualmente la caja tiene más de 230 millones de pesos de aportaciones, 5 millones de pesos de intereses generados y un fondo de reserva de 3 millones.
Pero también se detectó que 52 por ciento —cerca de 66 millones de pesos— de los mil 182 préstamos vigentes fue otorgado como “emergencia”, sin justificación alguna que explique el concepto, y que de manera irregular existen al menos 773 socios con más de un préstamo, es decir, todavía no pagaban el primero y ya se les había autorizado otro.
Los préstamos sin pagar más antiguos que se tienen registrados son de 2013. Los cinco principales deudores acumulan un saldo de 11.4 millones de pesos de capital, es decir, 57 por ciento de la cartera vencida.
En la asamblea se tomó la decisión de someter la caja de ahorro a una auditoría externa que ayude a definir la ruta de acción para sanear sus finanzas.
De una irregularidad a otra
Di Costanzo, ex presidente de Condusef en el sexenio pasado, es rotundo: todo esto es ilegal. Afirma que haber creado una caja de ahorro con la figura de asociación civil al interior de la CNBV es una burla y “está mal hecho”.
“Es absolutamente irregular porque la captación de dinero no está permitida para una institución que no sea financiera. Eso es un delito. Nadie la regula, vendría siendo como una tanda o como una pirámide, desafortunadamente”, señaló.
En entrevista consideró “un desastre” que esto haya ocurrido al interior de la CNBV y que ésta haya permitido o fomentado que sus trabajadores abrieran una caja de ahorro así, porque es la institución que “debería poner el ejemplo” en la vigilancia y el cumplimiento de la ley y debió haber intervenido.
“Conocen perfectamente la Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocen perfectamente las normas. Está muy mal hecho, no se debió haber permitido y menos ahí (en la CNBV)”, reclamó.
MILENIO buscó insistentemente a las autoridades actuales de la CNBV para conocer su posición al respecto, pero una y otra vez declinaron comentar. “No es asunto de la institución”, respondió reiteradamente el área de Comunicación Social.
Por su parte, Chavero, director general de Administración y Finanzas de 2001 a 2014, afirmó que constituir la caja como una asociación civil fue “para protegerla”.
“Esa caja existía desde hacía 40 años. El problema es que no tenía personalidad jurídica. Nosotros cuando llegamos dijimos 'a ver, ¿qué cartera vencida hay?'. Estaban los pagarés, que efectivamente eran de directores, presidentes y vicepresidentes que debían el dinero.
“Se los dimos a un abogado y nos dijo: '¿quién es la caja de ahorro? ¿Quién la representa?’. Obviamente, la comisión no la podía representar porque no tenía nada que ver con la caja de ahorros, (aunque) había un convenio de colaboración donde la comisión descontaba vía nómina los préstamos y las aportaciones. Entonces, lo único que nos dijeron los abogados fue 'dótenla de personalidad jurídica porque estos pagarés no los van a poder cobrar nunca'”, explicó Chavero.
Gustavo Ramírez, entonces director de Finanzas, agregó que la decisión de registrarla como asociación civil no solo fue para darle personalidad jurídica, sino para establecer su reglamento.
“No tenía reglas de operación y se hicieron reglas de operación, todas las reglas para poder hacer que la caja funcionara en un marco normativo parejo para todos, con políticas, normas”, dijo.
Consultada al respecto, Claudia Menes, especialista en Derecho Mercantil de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, opinó que la caja de ahorro debió haberse constituido como sociedad cooperativa y no como una asociación civil, pues estas últimas “no pueden realizar actividades económicas ni mercantiles”, que generen lucro, como la inversión y el cobro de intereses.
—¿Por qué no la formalizaron como una sociedad cooperativa? —se le preguntó a Chavero.
—Porque así nos lo aconsejaron los abogados que vimos. Es una caja laboral, porque estaba exenta del ISR, para que el ahorro no se diluyera con pago de impuestos.
Para Di Costanzo eso no es argumento válido: “Una cosa es una caja de ahorro y otra cosa es un fondo de ahorro. Por ejemplo, en Condusef había un fondo de ahorro, ellos lo organizaban, pero el dinero estaba depositado en un fideicomiso y nosotros les ayudábamos a cuidarlo y administrarlo”.
Carlos de Buen, abogado laboral, consideró que “si no es un sindicato, sino una organización de trabajadores (la que abrió la caja), lo mismo puede ser una organización de compadres y no tendría ningún estatus especial, que sí lo puede tener un sindicato; sí me inclino a pensar que esté fuera de la ley”.
Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en temas laborales, considera que “por el tipo de actividades que realiza, al ser un particular el que está haciendo trabajo del sector financiero, por supuesto que debió estar controlado desde un principio por la CNBV”.
La caja de ahorro fue registrada ante el notario público 235 del Distrito Federal, Fernando Dávila Rebollar, como “Caja de Ahorro de los Miembros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Asociación Civil” por Fernando Chavero, con otros directivos de entonces, quien en 2001, en el arranque del sexenio de Vicente Fox, fue nombrado director general de Administración y Finanzas de la CNBV.
Al momento de constituirla ante notario, Chavero se convirtió en presidente de la asociación, y de la caja, por el cargo que ocupaba en la CNBV. Según los estatutos de la asociación civil, quien ocupe el cargo de director general de Administración y Finanzas de la comisión o su homólogo en caso de cambio de denominación, será el presidente de la caja. Chavero lo fue hasta 2014.
Sus sucesores fueron René Pineda Santibáñez, de septiembre de 2014 a febrero de 2016; lo reemplazó Liliana Escobar Trejo, quien encabezó el área hasta octubre de 2018, e Iraís Barreto Canales, quien en diciembre pasado asumió el cargo.
Con él también firmaron las escrituras Gustavo Guillermo Ramírez Suárez, quien fungió como Tesorero de la caja al ocupar el cargo de director de Finanzas de la CNBV.
Eduardo Santa Ana Seuthe firmó como secretario, pues era director de Recursos Humanos de la CNBV; Salvador Estrada Dávalos fue nombrado primer vocal al ocupar el cargo de subdirector de Operaciones de Recursos Humanos. Humberto Morán Bracamontes fue designado segundo vocal de la asociación porque era subdirector de Tesorería de la comisión.
Algunos de estos directivos fundadores están en la lista de deudores. Pero, en su defensa, afirman que existieron razones de fuerza mayor para dejar de pagar…
