La iniciativa del gobernador para la reforma y elección de magistrados del Poder Judicial desató un interesante debate entre el mismo Enrique Alfaro y el magistrado presidente del Tribunal, Ricardo Suro, en torno a las evaluaciones de confianza a jueces y magistrados. La discusión no está en la forma de elección de magistrados (que, dicho sea de paso, en la iniciativa se resuelve de la mejor manera posible) sino a si un poder puede imponer a otro controles internos.
Vamos por partes. La iniciativa del poder Ejecutivo que tendrá que analizar y aprobar el Legislativo establece pruebas de control de confianza para jueces y magistrados. A primera vista parece algo no solo deseable sino sano. Si se hacen este tipo de pruebas para mandos policiacos y policías en activo deberían hacerse también a otros miembros de la cadena de justica para asegurar, en lo posible y dentro de las limitaciones que tienen este tipo de exámenes, que tengamos gente honesta en todo el proceso. Lo que señala el magistrado presidente es que, independientemente de si están o no de acuerdo con ese tipo de pruebas, un poder no puede imponer controles de tipo administrativo a otro, pues se vulnera la independencia. Para el común de los mortales la reacción del presidente del Tribunal suena a excusa, pero me parece que el punto no solo es válido, sino que debe servir para un verdadero debate sobre los alcances de cada poder.
Ojalá, por el bien de todos, que el Poder Judicial decida aplicar medidas de control de confianza a sus miembros
Acabamos de ver una resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la famosa ley de salarios máximos pues invade esferas de competencia de otros poderes. Este podría ser un caso parecido. Los únicos que pueden decidir imponer pruebas de control y confianza a jueces y magistrados son los propios miembros del Poder Judicial. Ojalá lo hagan, no por la imposición del Legislativo o del Ejecutivo, sino como una respuesta urgente para reconstruir la confianza de la gente.
Pero lo mismo podríamos decir de las resoluciones absurdas de los tribunales administrativos que ordenan, por ejemplo, a los ayuntamientos a dar habitabilidades a edificios que ni siquiera están construidos en una clara invasión de funciones de otro poder.
Ojalá, por el bien de todos, que el Poder Judicial decida aplicar medidas de control de confianza a sus miembros, pero sobre todo que se discuta tan ampliamente como sea necesario para establecer los límites y responsabilidades de cada poder para no volver a escuchar nunca esa absurda explicación de “nosotros los agarramos y ellos los sueltan” o su contraparte “nos los mandan mal consignados y no nos queda sino soltarlos”.
Tan importante es la independencia de los poderes como el sistema de contrapesos donde unos vigilen a los otros.
(diego.petersen@informador.com.mx)
