Una casa particular abandonada en Monterrey, y dos domicilios en Quintana Roo de inmuebles en desuso, fueron la prueba contundente para que la delegación del IMSS en Nuevo León confirmara que estaba ante un desfalco que supera los 2.2 millones de pesos.
Primero fue la cautela ante la denuncia ciudadana por supuestas irregularidades en el otorgamiento de 78 certificados de incapacidad. La sospecha mayor provenía de que estos documentos oficiales fueron otorgados a 62 pacientes que trabajaban para tres patrones diferentes.
Las investigaciones continuaron y las autoridades del IMSS se toparon con un segundo hallazgo: los supuestos pacientes en la categoría postquirúrgicos no cuentan con evidencia alguna de la cirugía realizada en el Hospital General de Zona No. 33, de Monterrey, o en algún centro de salud particular.
Adalberto Méndez López, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, comenta que un hecho determinante en esta investigación fue cuando se detectó que una misma empresa tenía diez o 15 trabajadores con la misma incapacidad.
En entrevista con El Financiero, detalló que si bien las incapacidades fraudulentas alcanzan la suma de dos millones 263 mil 966 pesos, el “daño real” al IMSS es por un monto superior a los 20 millones de pesos.
En ese momento las autoridades del Instituto se dan cuenta que era imposible que en una misma empresa hubiera esa cantidad de trabajadores con incapacidades por el mismo motivo, por ejemplo, “por una cirugía en el brazo izquierdo”.
También llamó la atención que el periodo comprendido en el otorgamiento de estas incapacidades fue del 28 de marzo de 2018 al 12 de julio de 2018, con un promedio de 28 días por cada incapacidad.
De esos tres patrones que presuntamente están involucrados –de los cuales se omite su nombre para no obstaculizar las pesquisas de la FGR–, uno se dedica a la construcción y remodelación de inmuebles; le fueron expedidas 49 incapacidades y su defraudación es por 1 millón 538 mil 675 pesos.
