Desde hace años la situación política de Turquía es motivo de preocupación para todos los demócratas. El auge del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP son sus siglas en turco) quiso ser visto por los buenistas como una fuerza defensora de un islam moderado. Y eso ocurría a pesar de que Erdogan, cuando era alcalde de Estambul en la década de 1990, había proclamado que «¡Convertiremos los minaretes en nuestras bayonetas!».
Su acceso al poder nacional en 2003 como primer ministro fue un ejemplo perfecto del auge del populismo que luego hemos visto florecer en otras partes del mundo. Su auge y victoria electoral se vieron favorecidos, como en tantos otros lugares, por la corrupción de la clase política y una crisis económica grave. Pero heredó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicaba un paquete de reformas, también institucionales, que ayudó a la recuperación y expandió las libertades. Con ello llegaron las inversiones extranjeras y llovieron las infraestructuras: autopistas, colegios, hospitales… Eso siempre conlleva un rédito electoral.
Pero el asentamiento del AKP en el poder ha conllevado un claro deterioro de la calidad democrática del país. Erdogan dio un salto a la Presidencia de la República. Y como ocurriera con su admirado Vladimir Putin, cuando pasaba de presidir Rusia a ser primer ministro y después volvía a la presidencia, el poder estaba siempre en el cargo que él ocupaba. Nunca era secundario.
A lo largo de esta década ha sido evidente que la prevalencia del derecho se ha mermado. Pero los buenos resultados económicos de la década anterior ayudaron a que las inversiones hayan seguido, también influidas por un entorno de créditos blandos. Pero la economía ha dado un giro, agravado por las sanciones que impuso Estados Unidos al país el año pasado por el encarcelamiento de un pastor norteamericano, Andrew Brunson. Eso siempre afecta a las inversiones.
Las malas noticias económicas se notan ya mucho en la cartera del ciudadano: el precio de los alimentos básicos creció el año pasado un 31 por ciento. Y, manifestación evidente del descontento, en las elecciones municipales del pasado 31 de marzo, la oposición ganó en cinco de las seis ciudades más importantes del país. Algo que no ocurría desde que Erdogan llegó al poder en 2003. Y la reacción del presidente y su partido ha sido conseguir que el Consejo Supremo Electoral anule el resultado de Estambul y convoque nuevas elecciones para el 23 de junio. Éste es un caso verdaderamente notable. Los recursos electorales los suelen hacer los partidos opositores. No los que están en el poder y tienen más posibilidades de influir en el resultado legítima o ilegítimamente.
El AKP fue el primer partido populista en llegar al poder en un país de la Alianza Atlántica. Su forma de gobernar le ha dado grandes cosechas electorales, pero ha empeorado gravemente la calidad de la democracia turca. El deterioro de esa democracia la ha alejado de Europa y le ha hecho mirar al Este. Siempre he sostenido que el lugar de Turquía no es Europa sino un primus inter pares en Oriente Medio. Pero ese es el lugar de una Turquía democrática, no el de la Turquía de esta deriva de la hora presente.
