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La situación se torna cada vez más complicada para Susana Villarán con miras a la audiencia del próximo lunes en la que se verá el pedido de 36 meses de prisión preventiva, puesto que, de acuerdo a la investigación del fiscal Carlos Puma, las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS habrían aportado hasta 10 millones de dólares a sus campañas contra la revocatoria (2013) y reelección (2014).
Resulta que, según los abogados penalistas Carlos Caro y Mario Amoretti, al haberse dado estas “donaciones” cuando Villarán fue alcaldesa de Lima, se configuran una serie de supuestos delitos: lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir.
En el caso del blanqueo de dinero, si bien la exburgomaestre capitalina podría no saber o presumir que el origen del dinero inyectado por las firmas cariocas era ilícito, finalmente los billetes verdes fueron ingresados al país a través de diversas modalidades.
Una de ellas, siempre según el miembro del equipo especial del caso Lava Jato, fue la creación de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana por el exgerente municipal José Miguel Castro (conocido como ‘Budian’ en el Departamento de Operaciones Estructuradas), que habría recibido directamente un millón de dólares de Odebrecht, tal como manifestó Jorge Barata en Curitiba.
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Aquí aparecen los nombres de Gabriel Prado Ramos, Luis Ernesto Gómez Cornejo, César Simon Meiggs Rojas y Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga, quienes también se habrían encargado de ocultar el origen ilegal del dinero sucio.
Por ejemplo, Prado Ramos abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra para recibir los aportes de la ‘Caja 2’; mientras que Gómez Cornejo entregaba montos -que venían de doleiros- para gastos de campaña. Además, tanto Meiggs Rojas como Vidaurreta Yzaga presumiblemente crearon contractos ficticios con sus empresas para sustentar el ingreso de las “donaciones” al circuito económico local.
El jurista Caro sostuvo que el delito de cohecho (o recepción de supuestos sobornos en este caso) se llegaría a concretar porque Susana Villarán, tras recibir los aportes, benefició a Odebrecht y OAS con contratos o adendas de los proyectos ‘Rutas de Lima’ y ‘Línea Amarilla’, respectivamente. “Ella no podía recibir dinero de empresas que tenía contratos con la Municipalidad (de Lima)”, refirió el letrado.
Su colega Amoretti dijo que Villarán encabezaría una asociación ilícita para delinquir (u organización criminal) destinada a blanquear activos brasileños. Esta organización también estaría integrada por Castro, Prado, Gómez, Meiggs y Vidarrueta.
Ambos hombres de leyes coincidieron en que estos nuevos elementos mencionados anteriormente “son muy potentes” de cara a un eventual juicio, pero, remarcaron, que la Fiscalía tendrá que demostrar que la exalcaldesa de Lima ha violado las reglas de conducta que venía cumpliendo para que el juez Jorge Chávez Tamariz varíe el impedimento de salida del país por 36 meses de prisión preventiva.
Sin embargo, hay “precedentes” que demuestran que le basta a los representantes del Ministerio Público sustentar el ilícito de organización criminal para que los magistrados dicten cárcel provisoria.
POR AARON SALOMÓN.
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