Esta medida recae sobre el expresidente del Parlamento Henry Ramos, así como en los diputados Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Andrés Delgado.
En respuesta a una solicitud del fiscal general, Tarek Saab, el TSJ dictó que los diputados tienen responsabilidad "en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio".
"Por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (...) no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal", prosigue el escrito.
Con todo, el Supremo ordenó remitir copia de esta decisión a la ANC para que este órgano, no reconocido por numerosos países e integrado solo por defensores del chavismo, "determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución".
Ese apartado establece que los diputados "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo".
Asimismo, la Constitución señala que de los presuntos delitos que cometan los legisladores "conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (Parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento".
"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ", concluye el artículo.
Esta decisión de la Alta Corte se produce una semana después de un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro que fue encabezado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y respaldado públicamente por la mayoría de los diputados señalados hoy.
La ANC ha dado por levantada la inmunidad de otros diputados en el pasado, en procedimientos que han sido cuestionados por buena parte de la comunidad internacional, algunos de los cuales están hoy exiliados.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
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