El abogado Pau Molins (Barcelona, 1962) ha enlazado juicio con juicio desde el pasado verano, sin respiro. Y en los últimos meses, los frutos han brotado. Ha conseguido la absolución del expresidente del Barcelona Sandro Rosell (que pasó 21 meses en prisión preventiva por el riesgo de fuga ante una acusación que no se ha conseguido probar), y del exministro socialista Narcís Serra. El letrado –que también logró la absolución de la Infanta Cristina y representa a Santi Vila en el juicio a los líderes del «procés»– atiende a ABC por teléfono.
El independentismo ha utilizado el caso Rosell para criticar el juicio del «procés» y volver a denunciar que los acusados son presos políticos. El Supremo ha dejado claro que nadie es perseguido en España por sus ideas.
—Mi criterio es que no deberían estar en prisión preventiva; pero no estoy de acuerdo en que lo estén por ser presos políticos. Creo que hay medidas alternativas menos gravosas que la prisión preventiva. Y sobre las imputaciones de fondo veo dificultades en la sedición y la rebelión. No obstante, ha habido una conducta, el fiscal encuentra un encaje penal y el tribunal decidirá. El juicio se tenía que celebrar.
Que la prisión preventiva o la gravedad de los hechos es debatible no se discute, pero los líderes del «procés» cuestionan el sistema entero, diciendo que esto es un juicio político.
—La defensa de Santi Vila en ningún caso ha puesto en tela de juicio que la motivación de la Justicia española sea política. Si alguna moraleja puede ser extrapolable del caso Rosell, es que pueden haber estado en prisión preventiva y ser absueltos de sedición y rebelión. Mucha gente en Cataluña cree que ya están condenados. El caso Rosell demuestra que la prisión preventiva no es un anticipo de la pena y que la condena no está decidida. Demuestra que esa absolución es posible.
¿El juicio a los líderes del «procés» le está pareciendo un juicio justo?
—Sí, el juicio está respetando las garantías del proceso penal sin ninguna duda. Otra cosa es estar más conforme o disconforme con alguna cuestión, como la posibilidad de exhibir los vídeos en el momento en el que los testigos están afirmando un hecho. El presidente del tribunal ha dicho por activa y por pasiva que los vídeos se visualizarán en la fase documental. Es un juicio con todas las garantías, se están respetando los derechos fundamentales de los procesados. Estamos hablando del órgano máximo de la Justicia, y yo no voy a discutir su profesionalidad. Me parece un buen tribunal para dictar sentencia, el mejor.
En las cuestiones previas, usted dejó claro que Santi Vila dimitió antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) «para marcar distancias con lo que iba a suceder». ¿Lo tendrá en cuenta el tribunal?
—Santi Vila no está acusado ni de sedición ni de rebelión. Santi Vila dio su versión de los hechos, fue muy sincero, y dejó claro que estaba completamente en desacuerdo con la declaración unilateral, y que por eso se vio obligado a dimitir. Si no dimitió antes fue porque estaba convencido de que se llegaría a un acuerdo. Si Puigdemont hubiera cumplido y convocado elecciones autonómicas, seguramente este juicio no se estaría produciendo.
¿Se puede compensar lo que le ha sucedido a Sandro Rosell?
—El daño a Sandro Rosell y Joan Besolí y sus familias es irreparable. Este caso debería servir para remover conciencias. Que la sociedad, no solo los jueces, también el legislador, reflexionen. Me gustaría que el caso Rosell sirviera para incorporar mayores garantías a la prisión preventiva. Ha habido un claro abuso, gravísimo, de los más graves de la historia judicial española.
Los jueces veían riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y siempre motivaron en Derecho su decisión.
—La prisión provisional se fundamenta en un pronóstico del juez sobre lo que va a hacer un investigado si queda libre, basado en indicios. Pero habría que ver si ese pronóstico se basa en intuiciones y se tendría que exigir acreditarlas. Y en todo caso, si nos creemos la presunción de inocencia y escuchamos la doctrina del Tribunal Constitucional, queda muy claro que ha de ser una medida excepcionalísima: si usted tiene otro mecanismo para neutralizar esos riesgos, utilícelos. El riesgo de destruir pruebas puede durar una o dos semanas, pero no puede durar dos años.
Usted ha declararado que la decisión de la Audiencia Nacional le ha devuelto la fe en la Justicia.
—Este caso tiene lo mejor y lo peor de la Justicia. Tengo que felicitar al tribunal por hacer su trabajo de forma profesional y honesta. Quizá lo más cómodo hubiera sido otra cosa. Ha hecho su trabajo, que es aplicar las pruebas practicadas en el juicio, sin tener en cuenta que los acusados habían estado en prisión tanto tiempo. Lo que han hecho tiene más mérito: han dejado al descubierto a la señora Lamela, pero también a ellos mismos, porque ellos confirmaron la prisión.
¿Lo cómodo hubiera sido condenarle?
—Había un riesgo teórico de que el tribunal, si las pruebas le hubieran dado posibilidad, hiciera una condena mínima que justificase lo comido por lo servido, el tiempo en prisión, y abortara cualquier escándalo que ponga en tela de juicio a la Justicia. El tribunal ha hecho un gran servicio a la Justicia en este país, en un momento en el que alguien puede dudar de su independencia o profesionalidad. Esta sentencia demuestra que la Justicia funciona.
A la izquierda, Pau Molins, al lado del expresidente del Barcelona Sandro Rosell - EFE
«Cuando la absolución en el caso Rosell sea firme, estudiaremos pedir una indemnización»
La ley reconoce el derecho a una indemnización para los presos preventivos absueltos cuando se pruebe la «inexistencia del hecho imputado»; pero Sandro Rosell no ha sido absuelto por eso, sino por las dudas del tribunal ante las pruebas.
—La ley en España reconoce un derecho a la indemnización por el mal funcionamiento de la administración de Justicia, en los casos en los que se acredite que el hecho imputado no hubiera existido, y no en aquellos en los que no se pueda acreditar por falta de pruebas. Eso supone dejarlo a casos muy puntuales, que en un asesinato aparezca el muerto. En el caso de Rosell, el tribunal pone de manifiesto sus dudas, tanto fácticas como jurídicas, pero va más allá, da por probados los hechos de la defensa. Estaría a medio camino. Antes de tomar una decisión, que será de Rosell y Besolí, hay que esperar a que la absolución gane firmeza.
