Un Tribunal de Guatemala decidió este viernes condenar a penas de hasta 15 años de cárcel a 9 personas por explotar a tres personas de edad en un caso conocido como "Inocencia Perdida".
La Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público explicó que los condenados fueron encontrados culpables de participar en este caso, que se operativizó en el año 2018 en Suchitepéquez.
Adelina Osorio García y Jengly Marisol Osorio fueron condenadas a 15 años de prisión y una multa de 300.000 quetzales (unos 40.000 dólares) por el delito de trata de personas con circunstancias agravantes.
Por su parte, Arístides Lorenzo Castillo López, Vicente Rafael Sánchez y Erick Francisco Mazariegos Castro fueron condenados a 15 años de prisión inconmutables por el delito de violación y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad en forma continuada.
Por los delitos de violación y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad fue condenado a 14 años de cárcel Héctor Manuel Jerez Lara; también David Gonzalo Roach Arriaga fue condenado a 10 años de prisión, de ellos 5 por actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad y 5 por agresión sexual.
David Eduardo Osorio Guillen fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación y Glondi Fabiola López Castillo fue condenada a 5 años de prisión por el delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad.
En la audiencia de reparación digna el tribunal, a petición del Ministerio Público, ordenó a los ahora condenados el pago de 63.525 quetzales (unos 8.300 dólares), cantidad que debe ser dividida entre las tres víctimas.
Como medida de no repetición, el fallo ordenó la colocación de "una manta vinílica en los hoteles y auto hoteles de Suchitepéquez" en la que debe haber una "advertencia de quien sostenga relaciones sexuales con menores de edad será sancionado conforme a las leyes del país".
El informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de 2017 en Guatemala señalaba que el delito de trata de personas ha tenido una recurrencia similar con cifras superiores a 500 casos anuales en Guatemala.
Este flagelo está muy relacionado "con la existencia de instituciones sociales permisivas y con un sistema patriarcal que fomenta relaciones de desigualdad, dominación, exclusión y explotación".
La mayoría de las víctimas en el país son mujeres de todas las edades, especialmente en explotación sexual y trabajo forzado, y en caso de los hombres se relacionan con explotación laboral y mendicidad.
El 9 de abril de 2009 entró en vigencia la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Ley VET), que considera a la víctima como sujeto de derechos, protegiéndola desde la restitución de su libertad, la atención, protección y procesos, dando prioridad a la atención de las víctimas.
