La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia advirtió este sábado a través de un comunicado, que la solicitud de la delegación del Gobierno para que se haga un llamamiento a que se levanten las sanciones internacionales, es una medida con la que pretenden “trancar la negociación e incumplir los acuerdos” alcanzados hasta ahora en este proceso.
“Al igual que en junio del año pasado, cuando el Gobierno utilizó el lema “levanten los tranques” para dar paso a la ola de represión que trajo luto, muertes y presos políticos, el Gobierno ahora ha adoptado el lema “levanten las sanciones”, con el único propósito de no cumplir con los acuerdos ya firmados y ante el recrudecimiento de acciones internacionales por su nula voluntad de cumplimiento”, advierte la Alianza Cívica en su comunicado.
Desde el pasado 27 y 29 de marzo, fecha en que se firmaron los primeros acuerdos en los que el Gobierno se comprometió a liberar a todos los manifestantes detenidos conforme fuesen conciliadas las listas a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), devolver a la población el derecho a manifestarse y regresar los medios de comunicación confiscados, esta delegación no ha hecho más que utilizar ciertas prácticas de incumplimiento.
Esa nueva condición del Gobierno no permitió esta semana avanzar en las negociaciones del diálogo, ni avanzar en los temas demandados por la Alianza Cívica sobre democracia, justicia, reparación para las familias víctimas de la violencia en el marco de las protestas que se desarrollaron en los meses anteriores.
“Ante el cambio repentino de introducir dicha condicionalidad, mantenida durante toda la semana y la inutilidad de emitir llamados vacíos que no tendrían ningún efecto, se puede llegar fácilmente a la conclusión que solicitar semejante medida tiene el único propósito de trancar la negociación e incumplir los acuerdos”, señaló el equipo negociador opositor.
Por su parte, la delegación del Gobierno en su más reciente comunicado insiste en que se debe hacer un “llamado conjunto al cese y suspensión de las medidas unilaterales e ilegales, llamadas sanciones”, ya que de continuar este proceso, según ellos, afectaría los derechos humanos, económicos y sociales de la población.
SOLICITUD ES INACEPTABLE
En el transcurso de estas negociaciones, agrega el comunicado, el pasado 23 de abril ante la presencia de los testigos y acompañantes internacionales, se preparó un listado de nueve puntos que ayudarían a empujar la implementación de los acuerdos ya firmados.
En ese encuentro, explica la Alianza Cívica, incluso de forma “bilateral”, se acordó finiquitar los acuerdos el día 29 de abril y ambos equipos negociadores llegaron a un consenso en todos los puntos que establecían “la liberación acelerada de los presos políticos en mayo, el retorno de los exiliados y la liberación de aduana de materiales de medios de comunicación”.
No obstante, al final de esa sesión de trabajo la delegación del Gobierno después de una consulta telefónica que duró aproximadamente una hora, regresó con la condición de que ese mismo día se tenía que hacer el llamado a la comunidad internacional para no continuar la implementación de las sanciones.
“Condicionalidad obviamente inaceptable y fuera de lugar, al no haber sido abordada en ningún momento de las reuniones previas con los testigos y acompañantes internacionales, y porque no se ha producido ningún cambio en las condiciones objetivas del país que amerite hacer tal llamado”, señala la Alianza Cívica.
Recientemente, Estados Unidos impuso sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, además la vicepresidenta y su esposa, Rosario Murillo, y el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, también fueron alcanzados con las medidas dictadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
“Ya pudo ver el pueblo nicaragüense el año pasado la aplicación de la misma estrategia de un Gobierno que además de reprimir, miente con comunicados llenos de adjetivos que no hacen más que aislarlo cada vez más de una población que aspira libertad, justicia, paz y la celebración de elecciones libres y anticipadas”, señala el comunicado de la Alianza Cívica.
El asesor de seguridad de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, también figura entre la lista de sancionados por Estados Unidos, acusado de cumplir sus órdenes de pagar a grupos armados para que atacaran a los manifestantes durante las protestas antigubernamentales de abril de 2018.
El año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó con la Ley Global Magnitsky Act a tres altos funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.
El primer comisionado general, Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua y Francisco López, vicepresidente de Albanisa y tesorero del partido Frente Sandinista, fueron de los primeros sancionados en julio pasado.
El pasado 14 de marzo, el Parlamento de la Unión Europea aprobó una resolución en la que pidió adoptar un proceso escalonado de sanciones contra el Gobierno de Nicaragua, y que podría arrastrar a otros funcionarios públicos y familiares de la pareja presidencial.
El pasado 18 de abril, cuando se cumplió el primer aniversario del estallido social, los eurodiputados enviaron una carta a la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, en la que piden iniciar el proceso de castigos “personalizados” contra funcionarios de este Gobierno.
