Una situación de retraso respecto al Plan Regulador Comunal de Puerto Varas es lo que denuncia el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC). El concejal de Puerto Varas, Renato Aichele, responsabilizó al alcalde Ramón Bahamonde de esta situación e indicó que existió poca transparencia en el asunto.
Un año de retraso es lo que asegura el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) lleva dilatándose la aprobación del Plan Regulador Comunal de Puerto Varas y que es de exclusiva responsabilidad de la municipalidad y del alcalde Ramón Bahamonde.
Este año, la municipalidad ha presentado un recurso jerárquico y de reposición a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu), como última maniobra para subsanar lo que el COSOC denuncia: las múltiples trabas para lograr su aprobación.
Sin embargo, el vicepresidente del COSOC, Jaime Gaete, explicó que el Seremi Minvu rechazó el recurso presentado por la Municipalidad, dado que el Plan Regulador Comunal presentaba serios problemas de fondo y forma.
Cabe resaltar que en un primer momento, el Seremi Minvu ya había observado a dicho plan, según consta en un documento emitido a fines del 2018 y que contiene 244 observaciones técnicas, pero le habría dado opción a la municipalidad de revertir la situación.
Pero, ¿por qué no lo hicieron? Gaete apunta directamente a la inversión inmobiliaria de la zona, dado que en tales modificaciones ingresadas, algunas de las principales tenían que ver directamente con el tema habitacional.
“Hay situaciones complejas como la habitabilidad del centro de Puerto Varas, se nos dijo que iba a tener una densidad de población de doscientos habitantes por hectárea y se aumentó al doble. No sé de donde se basaron ellos para modificar esas densidades poblacionales en el plan regulador”, explicó el vicepresidente del Seremi Minvu.
Renato Aichele, concejal de Puerto Varas.
Sin embargo, para las últimas modificaciones ingresadas a inicios de marzo, Ramón Bahamonde cedió a las presiones de las organizaciones sociales que pedían ser partícipes del Plan Regulador Comunal y, para esto, solicitó una votación en el Concejo Municipal.
Renato Aichele, concejal de Puerto Varas, fue el único en dicha instancia que se opuso a la premura de enviar el plan porque, según indicó, faltaba transparencia con las organizaciones que pedían conocer a detalle las nuevas modificaciones y las explicaciones técnicas correspondientes.
Hoy, en la página de la Municipalidad, se luce también una copia de dicho plan, sin embargo, para Aichele, esta versión no estaría actualizada y, por lo menos en su caso, antes de la votación, jamás recibió la copia del plan en cuestión.
En ese sentido, y posterior al envío del plan directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Aichele responsabilizó directamente a Bahamonde de dilatar la aprobación del plan, dado que el ministerio no tendría la potestad de aprobar algo que ya viene siendo rechazado dos veces por el Seremi Minvu.
“Me genera dudas de cuál es la preocupación del alcalde para que no se apruebe el plan, se ve un entrampamiento. Como presidente de la Comisión de Infraestructura del concejo, he hecho reuniones entre el equipo técnico del Minvu y de la municipalidad para llegar a acuerdos, pero la municipalidad presentó el tema sin conversar nada”, criticó el concejal.
Ramón Bahamonde, alcalde de Puerto Varas.
Según información brindada por la directora de la Corporación de Turismo y Cultura de Puerto Varas, Mónica Carrasco, el Seremi de Transporte de la región de Los Lagos ya habría adelantado que no existe forma de que el plan sea aprobado dado que las falencias persisten.
“Para el sector turismo es muy importante tener una ciudad planificada y organizada. Sabemos que existen problemas internos de la ciudad, problemas de dispersión interna, y no se da prioridad al desarrollo de una locomoción colectiva integradora, funcional”, señaló Carrasco.
A la luz de todos estos antecedentes, ninguna de las fuentes consultada augura una pronta aprobación del Plan Regulador Comunal. Según Aichele, una posible salida para este problema debiera partir por el reconocimiento de la culpa por parte del alcalde Ramón Bahamonde, así como de la conformación de un equipo técnico en conjunto con el Ministerio de Vivienda, pero principalmente de la transparencia de esta información hacia la comunidad.
