El fuerte repunte de las bajas laborales se ha convertido en una de las grandes losas de la economía española. En 2013, se registraron 3,5 millones de procesos por incapacidad. En 2018, la cifra por los mismos procesos se disparó hasta los 5,2 millones. La duración media de estos procesos de incapacidad por contingencias comunes que impiden al trabajador desarrollar su trabajo por requerir atención sanitaria no es, sin embargo, uniforme. Según el último informe sobre el absentismo del sector público y privado elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), al que ha tenido acceso LA RAZÓN, dicha duración media es mucho más prolongada en el primero que en el privado. En concreto, un 45,79% más, situándose en 51,39 días de media, frente a los 35,25 días de media en las empresas privadas.
La diferencia –de 16,14 días– no es mayor porque, de acuerdo con el estudio de las mutuas, el pasado ejercicio se produjo un descenso de un 2,15% de la duración media en el sector público, frente al incremento del 3,62% contabilizado en el privado.
Los datos históricos revelan que la duración de la baja en el sector público es hoy 15,95 días mayor que en 2012, año en el que alcanzaba los 35,44 días de media. En el sector privado prácticamente es igual al situarse en 2012 en 35,10 días de media, frente a los 35,25 días de la actualidad, apenas 0,15 días más. A diferencia de las empresas privadas, en la Administración la duración de las bajas ha sido más sensible a la recuperación económica: a medida que la economía mejoraba, la duración aumentaba, elevándose por ejemplo la duración de las bajas en el ámbito público a 43,92 días en 2014 y a 51,08 días en 2016. En el privado, por contra, la horquilla se ha movido entre los 32 y los 34 días entre 2013 y 2017.
El informe revela algunos otros datos llamativos. Aunque la duración media de la baja fue mucho mayor en el sector público en 2018, la incidencia en éste fue un 6% inferior a la del sector privado. En 2018 se iniciaron en el primero 25,08 procesos por cada 1.000 habitantes protegidos, frente a los 26,68 registrados en el sector privado. En ambos casos, la incidencia ha ido creciendo progresivamente con el paso de los años, pasando por ejemplo en el sector público de los 19,71 procesos por cada mil trabajadores protegidos a los 22,43 procesos de 2017. En el ámbito privado, se pasó de los 20,13 procesos de 2013 a los 24,63 de 2017.
Costes crecientes
En lo que se refiere a los costes, las diferencias son también notables. En la administración pública, el gasto por día indemnizado aumentó el pasado año un 0,62%, hasta situarse en 41,92 euros por día a cierre de diciembre. En el caso de los asalariados de las empresas privadas, el gasto se situó en 32,48 euros/día, lo que representa un descenso del 2,17% respecto al ejercicio de 2017.
El informe pone de manifiesto, asimismo, que el gasto en prestaciones se ha incrementado un 12,99% en el caso de los asalariados públicos, con un gasto total de 349,96 millones de euros para el ejercicio de 2018, respecto al ejercicio anterior. En el caso de los asalariados del sector privado, el gasto ascendió a 4.025,84 millones, lo que supone un aumento del 15,37% con respecto al ejercicio precedente.
Por otro lado, el gasto por afiliado se incrementó un 10,38% en el caso de los asalariados públicos, con un gasto medio por afiliado de 637,36 euros. En el caso de los asalariados del sector privado, el gasto medio por afiliado ascendió a 363,21 euros, lo que supone un aumento del 10,56% respecto al ejercicio de 2017.
