La Policía Nacional ha detenido en Alicante esta semana a cuatro personas sospechosas de haber intentado vender vídeos e información sobre la vida del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los sospechosos, entre los que se encuentra el periodista José Martín Santos, quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración en un juzgado de Madrid este miércoles.
La Fiscalía no pidió prisión para los detenidos, pero sí medidas cautelares para Santos, como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas. En 2008, este periodista fue condenado por estafa relacionada con los muebles de una vivienda de la locutora de radio Encarna Sánchez, una década después de su fallecimiento.
Las detenciones tuvieron lugar después de que el exmagistrado Baltasar Garzón, defensor del activista australiano, presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de extorsión, en paralelo a la registrada ante la Fiscalía General de Ecuador por la defensa de Assange en el país latinoamericano.
Unos 90.000 documentos
Según explicó a Efe el abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, sospechan que unos 90.000 documentos, entre textos, fotografías, videos, conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos, fueron interceptados en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado el australiano desde 2012 hasta el pasado 11 de abril.
La denuncia detalla que los presuntos extorsionadores, residentes en Alicante, ofertaron la información sobre Assange a cambio de 3 millones de euros al editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, con quien quedaron en una cafetería de Madrid para mostrarle un avance de la información que poseían.
Los sospechosos amenazaron con ir filtrando datos e imágenes si no se pagaba la cantidad referida, que llegaron a rebajar a 1,5 millones de euros, y le explicaron que medios de comunicación así como políticos ecuatorianos estarían interesados en adquirir el material, según Poveda.
El pasado 1 de mayo un tribunal londinense condenó al activista a 50 semanas de cárcel por haber violado en 2012 las condiciones de libertad condicional impuestas por la Justicia británica sobre una orden de extradición a Suecia.
