El informe de la Guardia Civil en el que por primera vez se sitúa a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) en reuniones mantenidas por altos cargos de su Ejecutivo con la trama Púnica destapa supuestas irregularidades en las adjudicaciones de 12 organismos madrileños, entre ellas seis consejerías del Gobierno regional. En todas ellas, las empresas beneficiadas pertenecían al publicista que asistió a estas reuniones y que trabajaba para las campañas electorales del PP de Madrid. Sus sociedades recibieron 7,4 millones en contratos públicos.
