Aunque la puerta delantera está clausurada por unas gruesas cadenas sobre las cuales cuelgan carteles con amenazas a la policía, por la de atrás se entra y sale con gran facilidad. La embajada venezolana en Washington, en el exclusivo barrio de Georgetown y a un tiro de piedra del lujoso hotel Four Seasons, ha sido ocupada por una variada masa de militantes de izquierda de todas las edades que han colgado de lo alto de una fachada lateral un enorme cartel con los ojos del comandante Chávez, que ahora observan el trasiego de una de las calles comerciales más caras de todo Estados Unidos.
En el mismísimo centro del poder norteamericano, una treintena de activistas sigue las redes sociales en las pantallas de sus iPhones y lee noticias sobre su propia gesta en sus ordenadores MacBook. Nunca hacer la revolución ha sido tan cómodo: en la planta baja hay un gimnasio, todo el edificio tiene electricidad e internet y a unos metros hay restaurantes y cafeterías como Starbucks de los que pueden traerse un café a cualquier hora del día o de la noche. En las paredes de la embajada, abundantes retratos de Simón Bolívar y, sobre todo, Nicolás Maduro, observan todo este trasiego.
Entra y sale, megáfono en mano, Medea Benjamin, de 66 años, que se ha convertido en el azote de los nuevos diplomáticos venezolanos nombrados por Juan Guaidó después de asumir la presidencia encargada de Venezuela en enero. Allá donde van Carlos Vecchio, nuevo embajador en EE.UU., y Gustavo Tarre, enviado a la Organización de Estados Americanos, les sigue Benjamin, megáfono en mano, vestida de rosa, que es el color del grupo que fundó —CodePink— gritando siempre las mismas consignas: «fuera de Venezuela», «acabemos con las sanciones», «no al golpe de estado».
Si estos no son manifestantes profesionales, desde hace meses sí que le dedican todo su tiempo, jornada completa, a protestar contra el cambio de régimen en Venezuela. Los ingresos de CodePink en el último año del que hay registros, 2017, ascendieron a 837.000 dólares, y la agrupación no revela de dónde vienen sus donaciones, «algo que denota falta de transparencia», según la organización NGO Monitor.
La embajada, de ladrillo rojo visto y tres plantas, fue ocupada a principios de abril porque el personal diplomático del régimen venezolano que evacuó el país después de que Maduro rompiera relaciones con EE.UU. dio las llaves a estos activistas. «No somos okupas, estamos aquí porque nos invitaron los dueños legítimos del edificio», asegura ante la puerta trasera Kevin Zeese, del grupo de protesta Popular Resistance y que parece coordinar la seguridad alrededor del edificio.
Los activistas, unos 30, duermen en habitaciones en las que han juntado sofás y colchones. Todos se reúnen en la tercera planta, a la que se accede por ascensor o unas escaleras. Desde las ventanas, observan desde sus coches varios agentes del Servicio Secreto norteamericano, que es el encargado de proteger al cuerpo diplomático y que cualquier día puede entrar por la fuerza para desalojar la embajada.
«Si nos desalojan, iremos a los tribunales», amenaza la abogada Mara Verheyden-Hilliard, vestida, como si fuera ya a juicio, con traje de chaqueta negro, algo que contrasta con el colorido atuendo del resto de los congregados. ¿Quiere entonces este colectivo que sean los tribunales los que decidan si es legítimo el reconocimiento de la Casa Blanca a Guaidó? ¿Es su intención judicializar las sanciones a Maduro? “Lo único que queremos es que se respete que estamos aquí por invitación de quienes legalmente son dueños de este edificio y que tenemos derechos en virtud de la ley de alquileres de Washington”, responde Verheyden-Hilliard. Preguntada por quién paga sus honorarios, la abogada responde que trabaja pro bono y nadie le remunera por este trabajo.
Los enviados de Guaidó ya han podido entrar en otros tres edificios venezolanos en EE.UU: el consulado en Nueva York y dos sedes militares en Washington, en otro barrio. La embajada, sin embargo, es el más grande y el que está en mejor estado. Vecchio, como embajador, ya ha presentado credenciales en la Casa Blanca y Tarre ya ha tomado el asiento de Venezuela en la OEA.
Por su parte, Elliott Abrams, enviado especial de EE.UU. para Venezuela, ha instado a estos norteamericanos a que evacúen el edificio porque «están allanando y rompiendo la ley, ya que el representante legítimo del gobierno venezolano es el embajador Vecchio», según dijo en conferencia de prensa el jueves.
No parece que le vayan a hacer caso. Ante la embajada, una mujer porta un cartel con la cara de Abrams tachada en rojo. En otra le lee: «El imperialismo americano es el mayor abuso de los derechos humanos en el mundo». Y: «No queremos guerra en Venezuela». Una mujer, llamada Olivia Burlingame, luce una camiseta con los ojos de Chávez impresos en ella junto al lema, en español, «yo soy Chávez». ¿Y Maduro, es también Maduro? «Esto no tiene nada que ver con Maduro», dijo. “Tiene que ver con el pueblo de Venezuela”.
