La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que «desde hace siete años» es la encargada de resolver «centenares de recursos de apelación» del caso ERE, se sigue exasperando por la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de la Junta de Andalucía por recurrir las decisiones de la instructora, María Núñez, de no investigar en cada una de las piezas separadas a los ex altos cargos de la Junta juzgados en la pieza política del caso sobre el «procedimiento específico» usado durante una década por el Gobierno andaluz socialista para repartir ayudas. Pero en un auto del 29 de marzo, que rechaza un nuevo recurso de la Junta por la no inclusión de Antonio Fernández como investigado por la concesión de una ayuda a Río Grande, llega más lejos y considera que la acusación particular realiza «un ejercicio perturbador y abusivo del procedimiento penal en su vertiente del derecho al recurso que cae en la mala fe procesal». Por ello acuerdo imponer a la Junta el pago de las costas.
La Audiencia ya ha criticado en anteriores autos que «que «sorprende el criterio de los señores letrados de la Junta de Andalucía que han modificado su parecer» al no ejercer la acusación contra estos ex altos cargos en la pieza política. Y también antes había afeado tanto a la Junta como al Ministerio Público que una y otra vez obligue a los magistrados a «hacer pronunciamiento sobre la misma cuestión» usando argumentos jurídicos que ya han expuesto anteriormente y les han sido rechazados.
Pero hasta ahora recurrir no le costaba dinero a la Junta porque la Audiencia declaraba de oficio las costas. Así lo hizo en un auto pocos días antes de éste, del 15 de marzo, en el que mantenía también la exclusión de Antonio Fernández de otra pieza separada de los ERE. Sin embargo, en este caso, el tribunal ha decidido imponer dichas costas al recurrente, el Gobierno andaluz. Considera que cuando la Junta apeló era «conocedora» del «criterio» de este tribunal respecto a los argumentos jurídicos expuestos en su recurso.
Será un Gobierno del PP, formación que inició la vía judicial del caso ERE y ejerce la acusación popular, quien tendrá que pagar estas costas.
