Cuando llegó a la presidencia de Perú la primera vez en 1985, Alan García era considerado dentro y fuera de ese país como parte de una nueva generación de mandatarios más democráticos y transparentes. Cinco años después, en 1990 que dejó el poder se fue en medio del desprestigio y escándalos de corrupción de los que escapó en el exilio. Una vez que prescribieron los delitos de los que se le acusaba, regresó y volvió a gobernar su país de 2006 a 2011. Todo iba viento en popa, hasta que en 2016 estalló el conflicto por la red de corrupción que había articulado la constructora brasileña Odebrecht en 11 países latinoamericanos y un africano entre el 2005 y el 2014. En Perú, las confesiones del caso Lava Jato hablaban de sobornos a funcionarios por 29 millones de dólares. Como en Brasil, ya había en Perú un expresidente encarcelado y García iba a convertirse ayer en el segundo acusado de recibir moches por la obra de la Línea 1 del Metro de Lima. Prefirió darse un disparo antes de salir detenido de su lujosa residencia.
Además de que esta tragedia sacudió a la opinión pública de prácticamente todo el planeta, el suicidio de este político peruano salpicó a México al recordarnos que junto con Venezuela, son los únicos dos países de los 12 involucrados en esta trama de corrupción donde no pasa nada.
Mientras como decía, en Perú y Brasil ya encarcelaron por este caso hasta a expresidentes y se investiga a muchos otros funcionarios, al igual que en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá donde se han ordenado múltiples detenciones, decomisado fortunas y realizado cateos en oficinas públicas y privadas, aquí se ha impuesto el reino de la impunidad que siempre ha imperado para gozo de nuestra clase política y gubernamental.
No ha importado que Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México haya declarado que Emilio Lozoya Austin, siendo operador clave en 2012 de la campaña electoral del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, les pidió apoyo por los contratos dados a la compañía brasileña desde 2009, y para ayudarlos en el futuro con contratos de Pemex cuando fuera director. Por eso, aseguró, les pidió 5 millones de dólares, pero sólo le dieron 4 millones durante la contienda electoral, y 6 millones más ya que fue nombrado director de Pemex.
Por estos señalamientos, Lozoya declaró en 2017 en secreto en la PGR. Y cuando el fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, le perseguía los pasos, fue cesado en octubre de eses mismo año.
Hoy Nieto es parte del autollamado gobierno de la cuarta transformación, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dela Secretaría de Hacienda. Desde ahí podría ayudar a reactivar las investigaciones y borrar la idea del pacto de impunidad que muchos aseguran sellaron el gobierno de Peña Nieto, que lo despidió, y el de Andrés Manuel López Obrador, su nuevo jefe que prometió acabar con la corrupción que ayer acabó con la vida de un expresidente.
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