El tiempo de Daniel Ortega en Europa se acaba. Los caminos se cierran y la única vía posible lleva a un solo destino: sanciones “específicas e individuales” contra los orteguistas violadores de derechos humanos, y la expulsión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica, lo que comprometería el desembolso de unos 128 millones de córdobas.
Las advertencias en ese sentido han venido sucediendo a través de duras resoluciones del Parlamento Europeo o del Consejo de los ministros de Exteriores de la UE, así como de rotundas declaraciones de altos funcionarios, que llaman al régimen sandinista a retomar la senda de la democracia y frenar la represión.
El último avance hacia las sanciones lo dio este Miércoles Santo, un grupo de eurodiputados —representantes de los grupos mayoritarios de la Eurocámara— que enviaron una carta a la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini, en la que le piden iniciar el proceso de castigos “personalizados” contra funcionarios orteguistas, así como activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación —del que Nicaragua es firmante—, por lo que el país podría quedar fuera de ese pacto, firmado en 2012.
Los eurodiputados @UEenNicaragua que viajaron a Nicaragua en enero, encabezados por @RJaureguiA, presentan la carta que han remitido a la Alta Representante, Federica Mogherini.
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— Parlamento Europeo (@Europarl_ES) 17 de abril de 2019
En una conferencia de prensa, el eurodiputado portugués José Inácio Faria, del Partido Popular Europeo (derecha), indicó que la misiva es “importante para que el señor Ortega entienda que en la Unión Europea no bromeamos, esto es muy serio. Es un aviso, una alerta al señor Ortega”.
“Es una tarjeta roja que le damos al señor Ortega. Tiene que cambiar inmediatamente”, añadió.
La solicitud surge luego de que los eurodiputados —todos miembros de la delegación que estuvo en Nicaragua en enero pasado— comprobaran que el régimen orteguista no ha cumplido con el fin de la represión, la liberación de todos los presos políticos y el retorno al país de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que fueron las tres peticiones que hicieron durante su visita.
“La represión ha continuado: alrededor de 250 presos políticos han sido puestos en libertad, pero muchos otros están aún bajo arresto; las libertades de prensa, expresión y manifestación no han sido restablecidas, y tanto las organizaciones internacionales como las ONG no tienen aún garantizado el acceso al país. Además, de acuerdo con algunos informes las negociaciones (diálogo nacional) habrían quedado interrumpidas recientemente, lo cual arroja serias dudas sobre el proceso”, según la carta de los europarlamentarios.
“Llegados a este punto, consideramos que la Unión Europea debería mandar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses, con el fin de persuadirlas de la necesidad de dar pasos más decididos y rápidos en la dirección correcta”, añade la misiva.
El eurodiputado Ramón Jáuregui Atondo, del Partido Socialista Español (izquierda), mencionó que “ya es momento de pedir al conjunto de la UE apoyar sanciones, empezando por los responsables de la represión en Nicaragua”.
El socialista, quien encabezó la delegación en Nicaragua, señaló que la situación en Nicaragua sigue “igual de mal o quizás peor” de cuando ellos vinieron, y que el régimen ha “frustrado” la “esperanza” que se abrió con el diálogo nacional, ya que “no cumple con los compromisos adquiridos”.
A mediados de marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que demanda la aprobación de sanciones “específicas e individuales” como prohibiciones de visas y congelaciones de activos, contra las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos. Nicaragua se convirtió, luego de Venezuela, en el segundo país de América en entrar en la lista negra europea.
En su carta, los eurodiputados señalan que “estamos convencidos de que es urgente incrementar la presión internacional sobre el Gobierno de Ortega, para que éste asuma la necesidad de continuar el camino hacia un final pacífico y democrático de la represión en el país”.
Para que la UE imponga sanciones, primero la alta representante de Política Exterior debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada país miembros y del Consejo Europeo y luego se pasa a votación de los ministros, que debe ser unánime. La decisión entra en vigor cuando se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Jáuregui destacó que le han solicitado a la alta representante que, en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores, les “proponga y aprueben” un conjunto de sanciones individuales contra los responsables de la represión en Nicaragua
“Las sanciones son buenas, son necesarias y hacen falta porque el Gobierno de Nicaragua solo se mueve, al parecer, a través de las presiones internacionales”, subrayó el socialista español.
La expulsión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación supondría un problema para el desembolso de unos 128 millones de córdobas, que la UE ha prometido en concepto de cooperación no reembolsable, y que ya están contemplados en el Presupuesto General nicaragüense de este 2019.
Datos de la Comisión Europea indican que en 2017 el intercambio comercial entre la UE y Nicaragua ascendía a unos 621 millones de euros, mientras en 2014 fue de 508 millones de euros.
El eurodiputado español José Ignacio Salafranca, del Partido Popular (derecha), comentó que la situación de derechos humanos en Nicaragua “no es compatible” con los términos de la cláusula democrática, por lo que insistirán que Nicaragua sea suspendida del acuerdo.
Jáuregui, en una entrevista con el programa Esta Semana, aseguró que aplicación de la cláusula de derechos humanos es relevante porque nunca se ha aplicado. “No tiene ningún precedente”, afirmó Jáuregui, esto es como una “bomba atómica”, aunque señaló que requeriría de un procedimiento que llevaría largo tiempo.
Javier Nart, eurodiputado español del Partido Ciudadanos (izquierda), comentó que la cláusula democrática será “aplicada” porque “sino somos creíbles, somos irrelevantes”.
Destacó que “en este momento la fotografía de Nicaragua es extraordinaria y horrorosamente parecida a lo que pasó con el somocismo, que se fundamentaba sobre la represión”.
Para los eurodiputados, las sanciones contra el orteguismo buscan además que Nicaragua se convierta en una nueva Venezuela, que lleva varios años en una crisis sociopolítica que ha desbaratado su economía.
“Lo que hemos visto en Nicaragua es una repetición de lo que sucede en Venezuela, y no lo podemos permitir”, afirmó Faria, quien resaltó que “Cuba, Venezuela y Nicaragua es el triángulo de la vergüenza” latinoamericana.
Salafranca mencionó que los europarlamentarios “no queremos que Nicaragua se convierta en una nueva Venezuela”, por lo que han visto que “es el momento de pasar de las palabras a los hechos”, en referencia a las sanciones.
“Confiamos plenamente que la petición del Parlamento pueda tener una respuesta positiva de parte de las otras instituciones europeas”, agregó.
