Que la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI le negó ayer a Felipe Enríquez la petición de renovar el Consejo Político Estatal en Nuevo León, aunque algunos aseguran que el recurso fue puro teatro.
Para efectos legales, perdió el round frente al grupo que encabeza el presidente estatal, Pedro Pablo Treviño, quien seguramente celebró junto con quienes le dieron todo el soporte para seguir en el cargo, o sea el coordinador de los diputados tricolores locales, Francisco Cienfuegos y el alcalde Adrián de la Garza.
Que pese a todo, Pedro Pablo no puede echar las campanas al vuelo porque hay un segundo recurso pendiente de resolver en la misma Comisión de Justicia Partidaria, promovido por el ex alcalde de Doctor Arroyo y ex diputado local y federal, Ramón Salas.
A diferencia de Enríquez, la vía que siguió Salas fue la impugnación directa de la reelección de Pedro Pablo, lo cual está pendiente de resolver.
Dicen que no habrá sorpresas, sino sorprendidos. ¿Será?
Que el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, reveló ayer que la mayoría de los alcaldes de Nuevo León, 40 de los 51, para ser exactos, no acude a las reuniones semanales de seguridad en palacio de gobierno.
Fasci no precisó quiénes son los 40 munícipes faltistas, aunque no es difícil dar con ellos, porque en las reuniones de seguridad casi siempre están presentes solo los alcaldes metropolitanos.
Que con esta queja, Fasci avienta a los munícipes gran parte de la responsabilidad de la crisis de seguridad, ante la alta tasa de homicidios, mientras los robos van a la baja.
Por si fuera poco, las estadísticas del Inegi prendieron las alertas en San Pedro, donde en la última encuesta levantada entre diciembre y marzo, la percepción de seguridad se desplomó y dejó de ser el municipio más seguro del país. Ahora es Saltillo, Coahuila.
Y ni modo que lo nieguen, porque el índice de delitos en territorio sampetrino creció en 17.5 por ciento este 2019.
