La Casa Blanca da luz verde a la activación de algunos de los aspectos más controvertidos de la ley Helms-Burton. Concretamente anuncia que no volverá a dejar en suspenso los títulos III y IV, que llevaban hibernando desde que el texto fue aprobado en 1996, bajo la Presidencia de Bill Clinton. Una vez reactivados se abre la veda para que los exiliados cubanos y sus descendientes puedan demandar a las empresas que hayan podido beneficiarse de las propiedades expropiadas por la dictadura castrista. Así lo anunció ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Igual que sucediera antes con el acuerdo nuclear con Irán, las conversaciones con Corea del Norte o el reconocimiento de Jerusalén y los Altos del Golán, la Casa Blanca vuelve a cruzar una de esas «líneas rojas» que parecían intocables. «Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio», señaló Pompeo, que opina que la ley no había rendido los frutos anhelados. Entre otras cosas porque sus dispositivos más potentes, aquellos que anteponen el debilitamiento de la dictadura a las alianzas geoestratégicas y la salvaguarda de los intereses de los aliados, permanecían suspendidas. «Vemos claramente», añadió, «que la represión del régimen contra su propia gente y la implacable exportación de la tiranía en la región solo ha empeorado porque los dictadores perciben el apaciguamiento como una debilidad, no como una fuerza».
Ningún ex presidente permitió que las compañías que operan en Cuba fueran objeto de semejantes reclamaciones. Una cosa era posicionarse junto al exilio y reclamar elecciones democráticas y otra pisar las ganancias de los grandes grupos hoteleros. Las principales perjudicadas pueden ser decenas de empresas europeas y canadienses.
Bruselas no piensa cruzarse de brazos. La diplomacia comunitaria reaccionó ayer de manera contundente al anuncio de la Casa Blanca. Una medida que afecta de manera directa a los intereses turísticos de España en la isla ya que, según datos del ICEX, nuestras empresas gestionan 30.500 habitaciones hoteleras, de las que unas 30.000 son en régimen de empresa mixta con el Gobierno cubano y el resto en contrato de administración.
Por ahora, la respuesta de Bruselas es firme, pero prudente. «La UE considera todas las opciones a su disposición para proteger sus intereses legítimos, lo que incluye sus derechos ante la Organización Mundial del Comercio y a través del estatuto de bloqueo europeo», reza el comunicado la alta representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. Este estatuto al que hacen alusión ampara que las sentencias de los tribunales estadounidenses queden sin efecto en territorio comunitario y también permite que las empresas europeas denunciadas por compañías estadounidenses puedan recuperarse de cualquier daño en las cortes europeas. Esto último implica que la cuantía pueda reestablecerse mediante la confiscación y venta de los activos de las empresas estadounidenses en territorio europeo.
