A partir del 1 de mayo los juzgados de EE.UU. aceptarán denuncias contra empresas -incluidas las extranjeras- que operan en Cuba con inmuebles confiscados durante la revolución de 1959. La Casa Blanca anunció ayer esa y otras medidas con las que endurece considerablemente el embargo sobre el régimen comunista en represalia por la ayuda que este brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, anunció ayer en Washington que su gobierno va a permitir que entren en vigor los títulos tercero y cuarto de la ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática en Cuba, que desde su aprobación en 1996 habían sido suspendidos por todos los presidentes. El tercer título autoriza las demandas a empresas que operen en Cuba con bienes confiscados y el cuarto permite a la administración denegar visados de entrada a los cubanos que se hayan lucrado con esos inmuebles.
En su anuncio, Pompeo denunció que «el régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, extorsión y violencia, en apoyo del régimen de Nicolás Maduro. La inteligencia militar y los servicios de seguridad de Cuba son los que mantienen a Maduro en el poder. El producto que más exporta Cuba hoy en día no son los puros o el ron, sino la opresión».
Tomada esta decisión, la Casa Blanca no sólo ha anulado el paquete de medidas conciliadoras de Barack Obama con el régimen cubano, posteriores al restablecimiento de relaciones diplomáticas, sino que incluso ha endurecido el embargo. Tal como dijo ayer Mike Pompeo, la postura del actual gobierno es que «las negociaciones con el régimen han resultado ser un fracaso».
El gobierno norteamericano advirtió de la inminencia de esta medida a dos ministros españoles que han visitado Washington en las pasadas semanas: el titular de Exteriores, Josep Borrell, y la de Economía, Nadia Calviño. Según dijeron en sendas ruedas de prensa, ambos expresaron la oposición de España y de la UE a esta decisión, que podría ser denunciada ante la Organización Mundial del Comercio. De España, quedan ahora desprotegidas empresas como Meliá o Iberostar, que operan hoteles no sólo en Cuba, sino también en EE.UU. Estos últimos podrían quedar sujetos a embargo si cualquier denuncia prospera.
También anunció ayer el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, cambios profundos en la política de visitas y envío de dinero a la isla. Anulando los cambios hechos por Obama, sólo se autorizarán las visitas a familiares de residentes en Cuba, cancelando cruceros y otras visitas de placer. También se prohíbe las transferencias de dinero a la isla que pasen por terceros países, práctica tolerada que hasta ahora permitía saltarse el resto del embargo.
En torno a 6.000 denuncias
Según estima el Departamento de Estado, hay 6.000 denuncias por expropiación ilícita que pueden prosperar y que afectan a unos bienes inmuebles por valor de 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) a lo que se añaden unos intereses de 6.000 millones. En un mensaje a las empresas europeas y canadienses que han presionado a sus gobiernos para que protesten, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Kimberly Breier, dijo ayer: «Las compañías europeas que operen en Cuba no tienen nada de qué preocuparse si no lo hacen con bienes que han sido robados a los americanos».
Esta decisión entra dentro de las sanciones diplomáticas y económicas del gobierno de Donald Trump para asfixiar al régimen de Maduro. Visto que este ha resistido incluso un embargo sobre la venta de crudo a refinerías norteamericanas, la Casa Blanca ha concluido que su fortaleza proviene del apoyo militar y financiero de Cuba, que ha enviado, según estimaciones oficiales, a al menos 20.000 agentes de inteligencia y militares a Venezuela.
El gobierno de Trump aprovechó que ayer se cumplían 58 años de la fallida invasión de la bahía de Cochinos para hacer públicos los cambios en la ley del embargo, conocida como Ley Helms-Burton.
