Desde que llegó a La Moncloa, una de los objetivos de Pedro Sánchez ha sido distinguirse todo lo posible de Mariano Rajoy y del Gobierno anterior. Por ejemplo, ha insistido una y otra vez que su ejecutivo tiene tolerancia cero con la corrupción y en que es cien por cien transparente. Ahora, prepara un reglamento para regular que todos los presidentes actúen de la misma forma.
Según ha sabido Confidencial Digital, Presidencia del Gobierno ha impulsado una nueva normativa dirigida a evitar que cualquier jefe del Ejecutivo pueda destruir informes, documentos y escritos generados durante su mandato y que obrasen en su poder en el momento de abandonar La Moncloa.
En concreto, el proyecto en el que trabaja el Gobierno busca garantizar el correcto tratamiento archivístico, la custodia y la conservación de toda la documentación privada de archivo de los ex presidentes de Gobierno, con el objetivo de que no sea destruida.
Desde el gabinete de Pedro Sánchez explican la necesidad de esta nueva normativa amparándose en la Ley del Patrimonio Histórico Español, que en el apartado 2 de su artículo 49 establece lo siguiente:
--“Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas, y por las personas privadas, físicas y jurídicas, gestoras de servicios públicos”.
El Presidente, por tanto, como persona física al frente del Gobierno del Estado, genera una serie de documentación que también debe formar parte del Patrimonio Documental de España y que, por consiguiente, no debería ser destruida.
Así las cosas, y a través de esta normativa, Pedro Sánchez se compromete a que, ni él, ni los presidentes venideros podrán destruir sus papeles de La Moncloa. Una promesa que ha dejado por escrito, a través de una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos.
Después de que se descubrieran informes privados de Juan Negrín relativos a la Guerra Civil, el Grupo liderado por Pablo Iglesias preguntó al Gobierno si consideraba necesaria una Ley General de Archivos que regulara el traspaso de Presidencia, incluyendo el archivo presidencial y las condiciones para su acceso.
Una vez registrada la pregunta por escrito, se publicó en diversos medios de comunicación que Mariano Rajoy, antes de abandonar La Moncloa, había destruido todos los documentos relacionados con el 1-O que había en las dependencias de Presidencia.
Los equipos de eliminación de documentos, de hecho, empezaron a trabajar el miércoles de la misma semana en la que se puso en marcha la moción de censura, aprobada por la mayoría del Congreso apenas 48 horas después
Tras el revuelo generado por esa información, y teniendo en cuenta la petición de Podemos, el Gobierno se ha puesto en marcha para aprobarla, en las próximas semanas, esta normativa interna, que sin embargo no tendrá rango de ley por la imposibilidad de que, por falta de tiempo, sea ratificada después en el Congreso de los Diputados.
