Acaba de abandonar las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca para embarcarse en una nueva aventura, al frente del Consejo Consultivo. Curiosidades de la vida, uno de los primeros dictámentes que estudió el nuevo presidente de la institución, Agustín Sánchez de Vega, tuvo que ver con el Estudio salmantino en la que ha desarrollado su labor profesional en los últimos años.
Profesor de Derecho Constitucional, a lo largo de su trayectoria ha ostentado cargos como los de delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca o primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de su ciudad natal y es por ello, que es consciente, de la necesidad de estar en contacto con la gente, de que se conozca la labor que realizan las administraciones en favor de la ciudadanía. De esta manera,durante un encuentro con LA RAZÓN, afirma con contundencia, que uno de sus principales retos en estos cuatro años es el de llevar a cabo una «labor didáctica para acercar el trabajo que se realiza aquí a todas las provincias y a la gente en general».
En este punto, afima que «sería interesante retomar una ronda de reuniones por distintas localidades de la Comunidad» para de esta forma tener un contacto más directo con los principales representantes de las instituciones.
Sánchez de Vega reconoce que la labor que realiza el Consultivo «no es muy conocida», ya que se trabaja con normas vinculadas al derecho o a cuestiones jurídicas pero que es fundamental para «hacer un control previo de la legalidad que tome por ejemplo, laJunta». «El dictamen que se se realiza no sólo cuenta con prescripciones sino que mantiene recomendaciones para hacer de manera más legal las diversas cuestiones», apunta.
Una de las claves de su buena consideración y funcionamiento es su carácter «independiente». «Está muy bien diseñado en relación a otros Consejos y eso es gracias a la imparcialidad que ofrecemos», indica.
Es, por esta cuestión, que los dictámenes que elaboran son seguidos al pie de la letra en un 90 por ciento de los casos. «Damos argumentos jurídicos dentro de los márgenes de la ley y ello implica un trabajo serio y enorme de los letrados que lo realizan. Y, además, estamos por debajo de los tiempos que nos exige la ley, en una media de 14 días. A eso se suma que es gratuito y que evita los costes de recurrir a abogados», señala el presidente.
Por ello, defiende la necesidad de incrementar los medios y la plantilla de este órgano para hacer frente al volumen de trabajo, especialmente para el Tribunal de Administrativos de Recursos Contractuales. En apenas tres meses de este año, el número de expedientes llegados a Zamora se ha incrementado en un 10 por ciento respecto al curso pasado». «Es algo necesario y cuando pasen las elecciones y se conforme el nuevo Gobierno hay que hablarlo», afirma.
