Las compañías propietarias de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, han alcanzado un acuerdo con respecto a las inversiones a aplicar en los reactores de esta instalación lo que supone alargar otros nueve años su vida operativa pues su permiso caducaba el año próximo. Es lo más sensato que así sea aunque no encaje con la política antinuclear del actual Gobierno, que fiel a la demagógica e histórica demonización de la energía atómica (que está en el ADN de la izquierda) parecía encantado con echar el candado a la central extremeña. Resulta hasta cansado repetir que este tipo de energía es la más limpia de cara a las emisiones nocivas para la atmósfera pues solo lanza al aire vapor de agua. Es decir que de los aproximadamente 75 millones de toneladas de CO2 que provoca la generación eléctrica en España, de las centrales nucleares provienen cero. Además, a fecha actual, es la que más aporta al sistema eléctrico español (casi un 22 por ciento del total, por encima de cualquier otra fuente, renovable o no), lo que la convierte en imprescindible. Su idoneidad, naturalmente, hay que encajarla en una gestión eficiente y segura de los residuos que produce. Y esto es lo que hay, arcangélicos deseos ideológicos aparte, y lo único que debe hacer el Gobierno es garantizar siempre la eficacia del sistema eléctrico y que su mantenimiento no sea un tormento ni para el medio ambiente ni para el bolsillo de los ciudadanos. Los planes energéticos deben hacerse a largo plazo, sin aventar éxitos o hitos que no se han conseguido. El Ejecutivo sanchista ya cometió el error de poner dos tibias y una calavera sobre los surtidores de diésel, demonizándolo preventivamente, provocando el desconcierto en los ciudadanos y un precipitado trastorno en la industria del automóvil. Conviene no repetir errores.
